Cataluña rehabilitará 919 viviendas con 13,5 millones de euros de los fondos europeos
- Escrito por Alejandro Rodríguez CALORYFRIO
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para financiar con 13,5 millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU la rehabilitación de hasta 919 viviendas públicas ubicadas en 13 entornos residenciales de ocho ciudades de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida.
El presupuesto total estimado de la actuación asciende a los 22,63 millones de euros, por lo que Mitma aportará el 60% de la financiación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el resto provendrá de la propia Generalitat. No en vano, las viviendas a rehabilitar son propiedad de la Comunidad Autónoma a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL).
En concreto, las viviendas públicas a rehabilitar se encuentran las ciudades de Barcelona, Sant Quirze del Vallés y Terrasa (Barcelona), Lleida, Tarragona, Mora d´Ebre, Reus y Vila-Seca (Tarragona), y cuyo desglose es el siguiente:
- Provincia de Barcelona: 438 viviendas públicas.
- Provincia de Lleida: 23 viviendas públicas.
- Provincia de Tarragona: 458 viviendas públicas.
Para financiar estas actuaciones de rehabilitación y regeneración de los entornos residenciales, la Generalitat concederá los fondos europeos recibidos de Mitma a la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y al Instituto del Suelo de Cataluña (INCASOL) de forma directa, toda vez que se acreditan razones de interés social que dificultan su convocatoria pública.
Asimismo, la administración catalana, por medio de la AHC, asume la responsabilidad de la ejecución integral de los entornos en calidad de gestor de las actuaciones; de esta manera, se facilitará la gestión y el desarrollo de las obras de rehabilitación de los inmuebles.
Tanto la comunidad autónoma como la AHC promoverán la creación de una oficina de rehabilitación, sin perjuicio de que otro actor pudiera prestar estos servicios con arreglo a lo estipulado en el Real Decreto 853/2021.
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