Entrevista a Arturo Fernández, Director General del IDAE: "La eficiencia energética puede llegar a representar un 3,9% del PIB y llegar a ocupar a 750.000 personas en 2020".

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La energía es uno de los sectores clave en cualquier economía del mundo, no sólo por su peso en la economía y la industria sino por su valor estratégico y su importancia en relación a la  política internacional. Y España no es una excepción. En los últimos años se están produciendo una serie de cambios en relación a nuestra política energética,  fundamentales para el futuro desarrollo del país y, en este sentido, hemos creído interesante entrevistar a D. Arturo Fernández, actual Director General del IDAE.

El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, es un organismo adscrito al  Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía, de quien depende  orgánicamente. Su actividad está centrada en contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos nuestro país en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono.

De todo ello y de las acciones de difusión y formación, desarrollo de programas específicos y financiación de proyectos, hemos hablado con D. Arturo Fernandez a través de esta entrevista en profundidad:
 
Con respecto a la financiación recogida en el Plan de Acción, las inversiones previstas se reparten de manera desigual, absorbiendo el sector de la edificación y el equipamiento el 59,4% del total. ¿Cuáles van ser las prioridades en este ámbito?
 
El sector de la edificación será, efectivamente, un sector prioritario en la política de ahorro y eficiencia energética de los próximos años, de acuerdo con las prioridades que establece la propia Directiva de Eficiencia Energética. No obstante, se van a tratar de estimular las inversiones en eficiencia energética en todos los sectores consumidores de energía para cumplir con el objetivo de ahorro de la Directiva: algunos sectores tendrán más potencial de ahorro y requerirán un menor esfuerzo en términos de inversión y apoyo público y otros exigirán la definición de programas más ambiciosos para conseguir ahorros que contribuyan de manera significativa al objetivo de ahorro global.
 
De todos modos, más que del Plan de Acción de Eficiencia Energética de España 2011-2020, debemos hablar del más reciente Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que revisa el anterior y que fue presentado por el Gobierno español a la Comisión Europea el 30 de abril del pasado año. Este nuevo Plan propone un reparto por sectores del objetivo de ahorro que se deriva del artículo 7 de la Directiva que podemos resumir en los siguientes porcentajes: 15%, en el sector de la edificación y el equipamiento; 25%, en el sector transporte, y 55%, en el sector industrial, por citar sólo los sectores más relevantes en el consumo. 
 

desde IDAE seguimos apostando por el desarrollo de las empresas de servicios energéticos (a las que llamamos ESEs o ESCOS, utilizando la terminología anglosajona), para dinamizar el mercado de la eficiencia energética.

 
Además de la obvia repercusión de todas las medidas de eficiencia energética en materia medioambiental, desde el IDAE hablan de la eficiencia energética como una pieza clave en el desarrollo de la economía española. Nos podría concretar cuáles serán las principales consecuencias de la mejora de la eficiencia energética con respecto a nuestra economía? ¿Disponen de una cuantificación económica de este mercado de la eficiencia?
 
Efectivamente, las inversiones en eficiencia energética estimulan la creación de empleo y el crecimiento económico. 
IDAE elaboró un estudio concreto sobre el peso económico del sector de la eficiencia energética cuando se elaboró el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020, anterior al vigente Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020. 
Este estudio, que puede descargarse de la página web de IDAE, llevaba por título “Impacto socioeconómico del mercado de la eficiencia energética en el horizonte 2020” y permitía concluir que el sector de la eficiencia energética representa en España el 1,8% del PIB y el 1,4% del empleo total (considerados empleos directos, indirectos e inducidos). 
 
Realmente, el sector de la eficiencia energética no aparece definido como tal en las cuentas nacionales, y de ahí la importancia de este estudio realizado ad hoc, que trató de identificar una serie de productos (aislamientos, iluminación, calderas de alta eficiencia, variadores de velocidad,…) y servicios (de consultoría, de ingeniería y certificación,…) que caracterizan lo que denominamos el sector de la eficiencia energética.  Este sector puede llegar a representar un 3,9% del PIB y llegar a ocupar a 750.000 personas (en términos de empleo total) en el año 2020.
 
En este sentido, desde IDAE seguimos apostando por el desarrollo de las empresas de servicios energéticos (a las que llamamos ESEs o ESCOS, utilizando la terminología anglosajona), para dinamizar el mercado de la eficiencia energética. Estamos convencidos de que el sector privado comprenderá las oportunidades de negocio que se derivan de los ahorros que pueden conseguirse por la introducción de tecnologías cada vez más eficientes en todos los sectores consumidores de energía: las empresas de servicios energéticos deben actuar, como mínimo, como prescriptores de esas nuevas tecnologías y equipos e, incluso, deben invertir en esas nuevas tecnologías por cuenta de sus clientes, ya que cuentan con el conocimiento y la experiencia de la que carecemos, en ocasiones, los usuarios (especialmente, los consumidores domésticos) de la energía. 
 
En la actualidad, su informe sobre el Impacto Económico de la Eficiencia Energética en nuestro país habla de 60 asociaciones que representan a más de 4.500 empresas asociadas en relación al sector de la eficiencia energética. ¿Cómo valora estas cifras? ¿Puede ser este sector el que nos otorgue una posición competitiva y de relevancia con respecto al resto de países europeos?
 
Creemos que nuestro país ha hecho un gran esfuerzo para promover la eficiencia energética desde que se aprobara, en noviembre de 2003, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. De hecho, este esfuerzo nos ha permitido anticipar el cumplimiento del objetivo para 2016 derivado de la Directiva de 2006 sobre uso final de la energía y servicios energéticos al año 2010, lo que nos sitúa en una posición privilegiada con respecto a otros Estados miembros. 
 
Personalmente, creo que, a veces, en este país tendemos a pensar, por utilizar una expresión inglesa muy conocida que “the grass is always greener on the other side of the fence”, pero, en este caso, estoy convencido de que no debemos minusvalorar en ningún caso el esfuerzo realizado durante todos estos años desde las administraciones públicas para poner en marcha programas de subvenciones e incentivos para actuaciones en eficiencia energética. Estos programas han ido dirigidos a todos los sectores: a los Ayuntamientos para la renovación del alumbrado público municipal, a las pequeñas y medianas empresas, a los consumidores domésticos para la renovación de ventanas, electrodomésticos, calderas,…; ha habido cursos de conducción eficiente, programas de incentivos al vehículo eficiente, con especial atención a los vehículos eléctricos e híbridos. Creo, en definitiva, que ha habido un sinfín de iniciativas que han permitido cumplir con los objetivos que la Unión Europea y nosotros mismos nos hemos ido marcando. 
 
No obstante, no debemos ser autocomplacientes y debemos ser conscientes de que todavía queda mucho por hacer, ya que los objetivos de la Unión Europea serán cada vez más ambiciosos y la mejora de la eficiencia energética es una mejora continua ligada al continuo cambio tecnológico.
 

Creo que España —un país en el que más de la mitad de la generación eléctrica ha llegado a ser de origen renovable— ya ha iniciado esa transición energética hace tiempo.

 
Para el periodo 2014-2020 el acuerdo de España con la UE compromete fondos por 36.450 M€ siendo una  de sus prioridades la reducción del consumo de energía en edificios y empresas y reducir un 20% el consumo de energía primaria. ¿Cumplirá España con este objetivo? ¿Cree que la ciudadanía española está comprometida y conoce suficientemente este compromiso?
 
Sí, claro que creemos que España cumplirá con el objetivo del 20% en 2020. De hecho, España ha incluido, en el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, una previsión de consumo de energía primaria que supone una reducción del 26,4% en el año 2020 (más de 6 puntos porcentuales por encima del compromiso), en un escenario con previsiones de crecimiento del PIB por encima del 2% anual en promedio.
 
Con relación a si la ciudadanía conoce y está comprometida con este objetivo, creo que es nuestra obligación poner a su disposición herramientas que le permitan ahorrar energía y, por tanto, facilitar el acceso a la información y a la tecnología más eficiente, lo que incluye la puesta en marcha de programas de ayudas e incentivos con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética recientemente constituido. 
 
Uno de los temas recurrentes de la actualidad es la transición energética, directamente relacionada con la consecución de los objetivos anteriormente mencionados. A falta de una política energética común ¿en qué estado de este tránsito se encuentra España? ¿Considera fundamental esta transición como eje de la mejora de la competitividad de las empresas españolas?
 
Creo que España —un país en el que más de la mitad de la generación eléctrica ha llegado a ser de origen renovable— ya ha iniciado esa transición energética hace tiempo. Por otro lado, los indicadores de intensidad energética primaria y final están en España por debajo de la media de la Unión Europea, es decir, España necesita menos energía que sus socios europeos —en promedio— para generar un euro de valor añadido; concretamente, ambos indicadores son en España un 15% inferiores a los de la Unión Europea y se reducen a una tasa anual superior a la del promedio de nuestros socios. Por concretar tan sólo en un ejemplo, el indicador de intensidad final —que recoge el consumo de energía final por unidad de valor añadido— se ha reducido, entre 2007 y 2012, a una tasa media anual del 2,5% en España, frente al 1,2% de la Unión Europea. Es decir, en buena medida, la mejora de la competitividad de las empresas españolas está viniendo ya y lo seguirá haciendo de la mejora de la eficiencia energética.
 
Vamos ahora con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 relativo  al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, del que el IDAE se responsabiliza en cuanto a su seguimiento.
 
En el citado Plan de Energías Renovables se habla de cómo “España cuenta con un sólido marco de apoyo a las energías renovables”, hecho que cambió radicalmente cuando el Gobierno anunció la entrada en vigor de Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procedía a la suspensión temporal de los procedimientos de preasignación de retribución renovable  y a la supresión, también con carácter temporal,  de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Esta medida, según Consejo de Ministros, trataba de poner un freno temporal a un sistema de retribución que generaba unos costes muy elevados para el sistema eléctrico y en definitiva,  un incremento continuo del déficit de tarifa.
 
¿Cómo cree que este cambio normativo puede afectar a su Plan de Energías Renovables y en definitiva al cumplimiento de los objetivos renovables asumidos con la Unión Europea y fijados en un 20% para el año 2020?
 
Durante los últimos años, se ha producido en España un importante crecimiento de las energías renovables, en particular de las destinadas a generación de electricidad. En 2013 y 2014, alrededor del 40% de la demanda eléctrica nacional ha sido satisfecha con fuentes de energía renovables. Además, el IDAE tiene en marcha diferentes programas de apoyo al uso térmico de las energías renovables en la edificación y en la industria, para fomentar una mayor penetración de estas energías en sistemas de calefacción y refrigeración, así como en la generación de calor de proceso en el sector industrial. Por su parte, los biocarburantes contribuyen a la introducción de las energías renovables en un sector tan consumidor de energía y tan dependiente del petróleo como es el transporte.
 
Si hablamos de los objetivos comunitarios para 2020, que fijan para nuestro país una contribución global de las energías renovables del 20% sobre el consumo final bruto de energía, España se encuentra bien situada. A finales de 2013, las fuentes de energía renovables representaron el 16,6% del consumo final bruto de energía en España, y se espera que continúen creciendo en los próximos años, cumpliendo con el objetivo del 20%, tal y como recoge la reciente propuesta de Planificación Energética: Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, presentada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en noviembre de 2014. 
 
¿Es cierto tal y como afirma la APPA que las energías renovables son las que pueden reducir el precio del pool en beneficio de los consumidores? ¿Cómo explica la contradicción que perciben los ciudadanos con respecto a este tipo regulaciones normativas en relación al  precio de la electricidad? 
 
En el sector eléctrico, el crecimiento de las energías renovables ha contribuido a aumentar la oferta energética, lo que, en general, tiene un efecto de contención del precio. Además, contribuyen a reducir la dependencia energética nacional. Pero, por otro lado, el régimen especial de generación de electricidad con energías renovables, cogeneración y residuos que, con diferentes modificaciones y evoluciones, ha estado vigente durante las tres últimas décadas y hasta el año 2013, reconocía a ese tipo de instalaciones una tarifa regulada, o bien una prima a percibir por encima del precio del mercado eléctrico, por lo que el importante crecimiento de la generación de electricidad (y en especial el de algunas áreas) en régimen especial ha venido acompañado de un fuerte incremento de las cantidades satisfechas por primas a este tipo de generación. Así, en el año 2013, las cantidades abonadas en concepto de primas (a la generación con  renovables, con cogeneración y con residuos) fueron del orden de 9.000 millones de euros, ocho veces más que en 2005.
 

el mapa energético español es probable que se oriente a mejorar nuestras interconexiones con la UE y a mantener o incluso reforzar la diversificación del mix energético

 
¿Para ir terminando, puedo preguntarle su opinión sobre la técnica del fracking? ¿Es viable en una coyuntura como actual en la que el precio del petróleo está en mínimos?
 
Creo que es una técnica que merece ser evaluada y contrastada, sin demonizarla previamente simplemente porque se trate de extracción de hidrocarburos o por los posibles riesgos asociados. Para España, podría resultar de gran interés dada nuestra dependencia exterior y los beneficios que el metano presenta frente a otros recursos fósiles. Entiendo que conocer con mayor detalle las reservas, los impactos medioambientales y la viabilidad comercial es un objetivo posible y deseable, así como desarrollar una legislación básica que regule su actividad. 
 
Respecto a la bajada de precios del petróleo, hay que pensar que precisamente la propagación de exploraciones y extracciones de shale gas (gas pizarra) en muchos países es,  entre otros,  uno de los factores que ayuda a explicar esa tendencia reciente. No obstante el precio del petróleo es inestable, con frecuentes cambios de tendencia, y no tiene por qué afectar al necesario debate sosegado sobre esta nueva técnica ni reducir la conveniencia de que se analice su viabilidad a corto y medio plazo.
 
 
¿Cómo cree que estará configurado el mapa energético español en el año 2050?
 
Es muy difícil tener una idea certera sobre el mapa energético futuro, y más a tan largo plazo. Somos un país muy dependiente energéticamente y el mercado energético global muy volátil, sometido a muchas incertidumbres geopolíticas, socio-económicas y medioambientales. 
 
Hacer prospectiva energética a tan largo plazo es sumamente complejo, y puede ser además muy arriesgado. La experiencia demuestra que el establecimiento a-priori de escenarios energéticos y la apuesta forzada por determinadas tecnologías, recursos o estructuras de consumo, puede llegar a ser contraproducente si la realidad del mercado no confirma las expectativas. 
 
Lo que sí son  evidentes  son las bases que deben guiar el trabajo de los que tenemos responsabilidades en determinados ámbitos. La UE ha definido las directrices que deben gobernar las políticas en materia de energía: competitividad, sostenibilidad y seguridad de abastecimiento, y ha establecido numerosas directivas, regulaciones y programas dirigidos a mejorar la eficiencia energética y a favorecer una progresiva descarbonización del mercado energético europeo, dentro de las posibilidades de cada país. Este es el marco en el que debemos movernos en España, apoyando la diversificación de tecnologías y recursos, la eficiencia energética, la seguridad del suministro y competitividad global del sector.
 
En este contexto, el mapa energético español es probable que se oriente a mejorar nuestras interconexiones con la UE y a mantener o incluso reforzar la diversificación del mix energético, con una reducción relativa de los recursos derivados del petróleo y un posible aumento en la cuota del gas natural y de las energías renovables. Es también previsible a medio y largo plazo la extensión de la movilidad eléctrica en entornos urbanos, la propagación de las TIC para facilitar la eficiencia en el consumo y, en general, la entrada de nuevas tecnologías y recursos limpios y eficientes que alcancen el necesario umbral de maduración.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificado por última vez enMiércoles, 06 Abril 2016 11:29
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