Consecuencias económicas para España por incumplir las directivas europeas de eficiencia energética

Javier García Breva, Presidente de la Coalición Empresarial N2E y experto en políticas energéticasLa nueva condena del Tribunal de Justicia de la UE a España por no transponer completamente la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios después de once años demuestra que el incumplimiento de las directivas europeas en eficiencia energética va a perjudicar además de a los consumidores a otros sectores de la economía como al sector inmobiliario y la construcción.

Javier García Breva, Presidente de la Coalición Empresarial N2E y experto en políticas energéticas, explica las consecuencias de esta condena y cómo afecta a ciudadanos, empresas y a la situación económica general ya que, "los ciudadanos no podrán reducir sus recibos de luz, los promotores tendrán dificultades para afrontar proyectos de rehabilitación y finalmente, España pierde la oportunidad de crear hasta 500.000 nuevos empleos en 2020 promoviendo la eficiencia energética".

 

Las directivas europeas son una excelente oportunidad para la reactivación de la economía. "Reactivar el sector de la construcción mediante la eficiencia energética de los edificios debe ser una prioridad. Este es el objetivo del Ministerio de Fomento cuya Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas se basa en la eficiencia energética de edificios y el autoconsumo, considerando por tanto la rehabilitación energética como la base para la reactivación de la economía y del empleo", explica este experto en políticas energéticas.

Sin embargo, la normativa que el Gobierno ha aprobado en este último año no solo incumple las directivas europeas de energía sino que al impedir el ahorro energético no permite que los consumidores finales puedan reducir sus costes energéticos mediante proyectos integrales de eficiencia energética o de rehabilitación de edificios.

Los nuevos peajes establecidos en la reforma eléctrica aprobada por el Ministerio de Industria penalizan el ahorro de energía y las inversiones en eficiencia energética e incentivan el mayor consumo a través de la subida de la parte fija del recibo de la luz, la bajada de la parte variable que mide el consumo y un peaje discriminatorio al autoconsumo.

España suma incumplimientos de la Directiva 2010/31/UE por la que se establece la obligación para los Estados miembros de elaborar planes nacionales de edificios de consumo de energía casi nulo, con objetivos intermedios para 2015, para que en 2020 los nuevos edificios y la rehabilitación de los existentes, y en 2018 los edificios públicos, se hagan con criterios de mínimo consumo de energía con autoconsumo.

Las normas comunitarias obligan a todos los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. Su reiterado incumplimiento, como es el caso de la eficiencia y certificación energética de edificios, afecta a la seguridad jurídica y a la financiabilidad de las inversiones en eficiencia energética de edificios.

Modificado por última vez enMartes, 28 Enero 2014 17:59
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