La nueva condena del Tribunal de Justicia de la UE a España por no transponer completamente la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios después de once años demuestra que el incumplimiento de las directivas europeas en eficiencia energética va a perjudicar además de a los consumidores a otros sectores de la economía como al sector inmobiliario y la construcción.
Javier García Breva, Presidente de la Coalición Empresarial N2E y experto en políticas energéticas, explica las consecuencias de esta condena y cómo afecta a ciudadanos, empresas y a la situación económica general ya que, "los ciudadanos no podrán reducir sus recibos de luz, los promotores tendrán dificultades para afrontar proyectos de rehabilitación y finalmente, España pierde la oportunidad de crear hasta 500.000 nuevos empleos en 2020 promoviendo la eficiencia energética".