Esta convocatoria está dotada con 150 millones de euros para incentivar la puesta en marcha de proyectos innovadores con viabilidad comercial de producción y consumo local de hidrógeno renovable, especialmente en los sectores donde la descarbonización es más difícil, como la industria o la movilidad pesada. Abierta entre el 1 de junio y el 31 de julio, la convocatoria está integra en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

H2 Pioneros II busca dar continuidad a la primera fase, tras el éxito de convocatoria cosechado, igualmente dotada con 150 millones, que se resolvió el pasado mes de abril con la adjudicación de incentivos a 19 proyectos radicados en nueve comunidades autónomas, nueve de los cuales ubicados en zonas de Transición Justa y/o Reto Demográfico.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO, gestionará de nuevo estas ayudas. Se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y apoyarán iniciativas que combinen producción, distribución y uso del hidrógeno en una misma ubicación territorial, siempre que se orienten al despliegue de aplicaciones comerciales y cuyo principal valor resida en la integración de las distintas fases de la cadena de valor.

La tipología de las actuaciones subvencionables engloba a instalaciones de producción de hidrógeno verde (con una potencia máxima de 50 MW de electrólisis), distribución, usos industriales y movilidad pesada, así como aplicaciones estacionarias innovadoras, tal que puertos, aeropuertos, plataformas logísticas y sistemas de almacenamiento con re-electrificación).

Como en la convocatoria anterior, los requisitos para acceder a estas ayudas están disponibles en página web del IDAE. La dotación máxima a la que podrá optar cada expediente es de 15 millones, siempre que el proyecto supere un mínimo de inversión de un millón. Podrán beneficiarse tanto empresas, consorcios o agrupaciones empresariales –si cuentan, al menos, con la participación de una pyme–, como entidades del sector público institucional, incluidas aquellas de derecho privado que dependen de las administraciones públicas, junto con universidades públicas y centros tecnológicos adscritos.