El IIDMA publica una guía jurídica para fomentar la constitución de comunidades energéticas

Mientras España no transponga a su Derecho las directivas europeas, las actuales entidades idóneas para su constitución son las asociaciones, las cooperativas y las sociedades de responsabilidad limitada. La elección entre una figura u otra deberá analizarse caso por caso, atendiendo a las circunstancias particulares de los promotores. Así, mientras las asociaciones pueden ser una buena opción para el desarrollo de proyectos pequeños, las cooperativas y las sociedades limitadas, más complejas que las primeras, son interesantes para los que presenten cierta escala económica o territorial o se dirijan a un gran número de destinatarios.

Otros criterios que deben tenerse en consideración son la mayor o menor simplicidad del procedimiento a seguir o la normativa autonómica propia de cada una de las figuras jurídicas.

La elección de la figura jurídica que vaya a tener la comunidad energética no es baladí, pues resulta fundamental para su éxito y conlleva el sometimiento a un régimen jurídico que facilite su día a día y poder optar a la concesión de posibles ayudas y subvenciones que, en su caso, otorguen las administraciones públicas.

Descarbonización del sistema energético

El IIDMA trabaja por la descarbonización del sistema energético a nivel global. De hecho, no es la primera vez que el IIDMA analiza el régimen jurídico de estas entidades. Ya en 2019 publicó el informe ‘Comunidades energéticas: aportaciones jurídicas para su desarrollo en España’ en el que se mostraba que muchas figuras o agrupaciones de personas ya existentes en el derecho español (por ej. comunidades de propietarios o comunidades de montes o de regantes) no cumplían con los requisitos impuestos por la normativa europea para constituirse como comunidades energéticas. El Instituto ya recomendaba entonces adecuar su regulación para impulsar su desarrollo.