PSOE y Ciudadanos firman un acuerdo reformista que contempla un sector eléctrico basado en las energías renovables para el año 2050

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Por fin, y después de dos meses de idas y venidas, PSOE y Ciudadanos han firmado un acuerdo de investidura y legislatura, de carácter reformista que, entre otros temas, incluye un apartado sobre la transición energética y la lucha contra el cambio climático. El principal objetivo en el ámbito energético se traduce en alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para conseguir un sector eléctrico basado en las energías renovables para el año 2050.

El acuerdo también contempla la puesta en marcha de las acciones necesarias para conseguir una reducción en cuanto a la emisión de gases efecto invernadero, medidas todas ellas acordes a los compromisos adquiridos en la pasada COP21.

Principales aspectos de la propuesta en materia energética

El acuerdo firmado por PSOE y Ciudadanos se basa en la promoción de un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Este gran Pacto supondría dar los siguientes pasos:

Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas, incluyendo:

  • La creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO₂ a 2020/2030 y 2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO₂ del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.
  • Obligaciones de transparencia sobre riesgos de carbono y de impacto climático en empresas cotizadas.
  • Modificación de la Ley de Contratación Pública, incluyendo nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.
  • Escenarios de largo plazo para Zero emisiones e informe anual sobre evolución.
  • Generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.
  • Apoyar la creación de una interconexión eléctrica con Europa a través de Francia para hacer posible la exportación de excedentes de energía que en estos momentos existen.
  • Impulsar el ferrocarril de mercancías, como paso esencial hacia la descarbonización de la economía española.
  • Establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.
  • Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.
  • Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.
  • Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición.
  • Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes sociales y la Unión Europea para el periodo 2013-2018 que incluye el fomento de tecnologías de combustión limpia.
  • Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

Medio ambiente urbano: Ciudades inteligentes y Zero emisiones

Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.

Reacciones del resto de partidos

Las reacciones de los dos principales partidos que optan a formar parte del futuro gobierno no se hicieron esperar. El PP, calificó el acuerdo entre Sánchez y Rivera como “ficticio e irreal”, destacando la evidente insuficiencia aritmética para llevar a cabo ningún acuerdo ni de legislatura ni de investidura mientras que Podemos, decidió retirarse de la mesa de negociación con los socialistas argumentando que, tras una lectura “atenta” del documento, entendían que el acuerdo estaba redactado y dirigido a captar el apoyo del PP. Pero… ¿tan distintas son las propuestas de unos y de otros?.

Con respecto al ámbito de la energía, el partido liderado por Pablo Iglesias propone entre otras acciones, la transición hacia un nuevo modelo energético que permita abordar los problemas estructurales de la economía como el desempleo o la dependencia energética exterior, y problemas sociales como la pobreza energética ofreciendo la posibilidad de devolver a la ciudadanía el control sobre el sistema energético a través, por ejemplo, de la democratización de la generación de electricidad a través del autoconsumo.

Por tanto, las dos prioridades estratégicas del Gobierno del Cambio en el desarrollo de su política industrial serán: Mejorar la inserción de las empresas nacionales en una economía globalizada para que puedan aportar un elevado valor añadido a la economía nacional; e Impulsar la transición energética hacia la descarbonización de la economía, que debe ser un catalizador de las inversiones y de los cambios estructurales que necesita el modelo productivo español. ¿Cómo? A través de la elaboración de un plan detallado con el objetivo de tener un sistema eléctrico 100 % renovable en 2050 y con medidas como la aprobación de un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Podemos identifica como ejes fundamentales de este proceso la creación de un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y la elaboración de un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.


El PP por su parte, presentó hace unos días un documento en el que incluía cinco grandes pactos con el fin de posibilitar la formación de un gobierno de coalición. La propuesta de pactos propuestos por Rajoy comprendería: el crecimiento y el Empleo; la reforma fiscal y la financiación autonómica; la educación y el fortalecimiento institucional. Los aspectos relativos a la energía no quedan reflejados en el documento del PP pero en este ámbito los populares centraron su programa en el apoyo a una energía competitiva para crecer y crear empleo basada en la sostenibilidad y la eficiencia energética, situando al consumidor como protagonista del mercado energético.

A este respecto, resulta llamativo que precisamente el PP fue uno de los dos grupos parlamentarios, junto a UPN, que ayer rechazó firmar el acuerdo para el fomento del autoconsumo eléctrico, un acuerdo que cuenta además con el apoyo de una amplia representación de la sociedad civil: consumidores, sindicatos, asociaciones empresariales de energías renovables, ecologistas y movimientos sociales, quienes defienden el autoconsumo como un derecho cívico y una herramienta clave para la democratización de la energía, la lucha contra el cambio climático, así como la creación de empleo.

En definitiva, mientras los partidos políticos de nuestro país continúan interpretando sus respectivos papeles, España espera una política energética estable y una transición energética necesaria, por otra parte, para mejorar nuestra competitividad. En la actualidad, somos uno de los países más dependientes de los combustibles fósiles por lo que el esfuerzo hacia un mix energético cubierto al 100% por energías renovables debe ser una cuestión prioritaria para el próximo Ministro de Energía. Los políticos deben comprender, porque además es una necesidad,  que la lucha contra el cambio climático no es incompatible con el crecimiento del empleo y de la economía.
 

 
Modificado por última vez enMartes, 01 Marzo 2016 12:41
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