cambio climático

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El documento responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID". El PNACC "representa nuestro esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que estamos emprendiendo". Sin duda, el PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones".

Este verano debería ser recordado no solo por los rebrotes del coronavirus sino también por la proliferación de propuestas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha. Su relación impresiona si se compara con la agostidad de anteriores gobiernos: real decreto ley 23/2020 para impulsar las energías renovables, el almacenamiento, agregadores independientes y comunidades de renovables, proyecto de ley de subastas, metodología de peajes, estrategia de autoconsumo, estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP), decreto de acceso y conexión, hoja de ruta del hidrógeno. Adelantan cuestiones planteadas en la ley de cambio climático, que se tramita en el Congreso, y la trasposición parcial de las directivas europeas del “paquete de invierno".

El Gobierno envió a las Cortes el 19 de mayo el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) que fija la hoja de ruta para alcanzar la total descarbonización de la economía española en 2050. Se inicia así la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo que persigue un sistema eléctrico 100% renovable y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente. 

Tal y como informan desde el Ministerio de Transición Ecológica, en un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto "facilita las señales adecuadas para aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta". Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.

Éstos son algunos de los principales puntos que trata la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética: 

Tras el acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros esta semana, el martes 31 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado a la Comisión Europea (CE) el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (PNIEC) para su revisión en Bruselas.

Un plan con un gran impacto social y económico por las medidas consideradas en el mismo que sin duda será aún más beneficioso, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID 19 que estamos padeciendo. Entre ellas, la reducción de la contaminación para la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades, una menor dependencia energética del exterior, la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático y sobre todo la generación de empleo gracias al aumento del aprovechamiento de las energías renovables, la promoción de la eficiencia energética en los edificios, la reducción de la pobreza energética, la promoción del derecho del ciudadano a generar, usar y vender su propia energía verde o el impulso de la movilidad sostenible entre otros factores.

Tras la declaración de emergencia climática por el Parlamento Europeo el día 28 de noviembre de 2019, se ha aprobado la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental por acuerdo del Consejo de Ministros. Esta Declaración se produce como respuesta al consenso de la comunidad científica, que reclama la necesidad de acción urgente para salvaguardar el estado del medio ambiente y la salud de las personas. Así se establece como una de las líneas principales de este gobierno la lucha frente al cambio climático. 

Mediante este acuerdo, el Gobierno se compromete a desarrollar 30 líneas de acción, para afrontar esta crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica. En concreto, el gobierno se compromete a adoptar las 5 primeras medidas en los primeros 100 días tras el acuerdo. Estas medidas son las siguientes:

El pasado 15 de diciembre, se cerró la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Madrid. Esta ha sido la conferencia de las partes más larga de la historia de la CMNUCC y en el acuerdo final alcanzado ha sido clave el papel desempeñado por la delegación española.

También hay que poner de relieve el éxito organizativo de las distintas administraciones implicadas en su organización, encabezadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el apoyo unánime del resto de ministerios y con la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma de Madrid, ya que en menos de un mes han logrado organizar una reunión internacional a la que han asistido más de 30.000 personas y que habitualmente se prepara en un año.