El sector eléctrico arrastra desde principios de la década un déficit de tarifa -desfase entre el coste real de la electricidad y lo que efectivamente paga el consumidor final- que en la actualidad supera los 26.000 millones de euros y que se hizo más fuerte desde 2005.

Este déficit viene financiado por varias partes. En primer lugar las eléctricas tradicionales. Posteriormente, esa deuda contraída con el sector se tituliza y las eléctricas recuperan las cantidades adelantadas. Por último el pago del principal y los intereses, a 15 años, se asume por parte de los consumidores a través del recibo de la luz.

Precisamente en lo que al usuario final se refiere, la actual tarifa de último recurso (TUR), que a partir de enero de 2014 se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos.Los peajes son fijados por el Gobierno y retribuyen lo que cuesta transportar y distribuir la energía eléctrica, las primas que se pagan a las renovables, el sobrecoste que supone generarla en sistemas extrapeninsulares y la financiación del déficit de tarifa.

La otra parte del recibo, el coste de la energía, se establece en la subasta Cesur, que tiene carácter trimestral, y en ella intervienen los agentes del mercado.

Las alternativas ofrecidas por la CNMC (subidas finales entre el 1,4% o del 2,9%)  contrastaban con el resultado de dicha subasta celebrada el 19 de diciembre, que se cerró con un incremento del 25,6% que habría ocasionado una subida de la tarifa en enero del 10,9%, alza que desde el Gobierno se consideró inasumible y anuló la puja.

Aunque esta subida mantendrá a España entre los países con las tarifas más altas de la Unión Europea, las grandes compañías eléctricas que operan en España y que están asociadas en Unesa, consideran la subida claramente insuficiente. Y la califican de "un parche que generará más incertidumbre".