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Urbanismo sostenible, ¿Para quién?

La sostenibilidad urbana se ha convertido en un relato que circula con más eficacia que verificación. Certificaciones, renders con vegetación en cada balcón, discursos corporativos de compromiso ambiental: todo eso se comunica con fluidez, pero rara vez se somete a la pregunta más básica, la de dónde acaba realmente el coste de lo que llamamos progreso. Mi hipótesis es que ese coste casi nunca desaparece, sino que se desplaza de territorio, de sector, de cuerpo. Y entender ese desplazamiento, en sus distintas formas, es más útil que seguir repitiendo el adjetivo "sostenible" sin contenido verificable detrás.

Una calle de la superilla de Sant Antoni, Barcelona, recuperada para el peatón. Una calle de la superilla de Sant Antoni, Barcelona, recuperada para el peatón. Donde antes había asfalto y aparcamiento, hoy hay banco, sombra y encuentro —la prioridad invertida entre el coche y el ciudadano.

El ejemplo más actual es el de los centros de datos para inteligencia artificial, que se presentan como una infraestructura limpia: sin chimeneas ni humo visible. Pero la Agencia Internacional de la Energía calcula que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse de aquí a 2030, con la demanda vinculada específicamente a la inteligencia artificial que se triplica en el mismo periodo; solo en 2025 esa demanda creció un 17%, cinco veces más rápido que el conjunto de la demanda eléctrica mundial. En Estados Unidos estos centros ya figuran, de forma colectiva, entre las diez industrias que más agua consumen del país. España vive ya esta tensión en varios de sus territorios: en algunas comunidades donde se concentra buena parte de esta inversión, ha surgido un debate público sobre la falta de transparencia respecto al consumo real de agua y electricidad de estas instalaciones. El coste no desaparece: se traslada a territorios con menos capacidad de negociar sus condiciones, mientras el relato de progreso tecnológico queda intacto en otro sitio.

La ciudad existente como yacimiento de recursos

En el extremo opuesto de esa lógica hay un terreno donde la sostenibilidad sí puede medirse en algo verificable, y que además cuestiona cómo entendemos construir a dos escalas distintas un mismo problema. A escala del material, según Green Building Council España, el 54% de los residuos generados en obra en España acaban en vertederos, y entre el 10% y el 15% de los materiales se desperdician durante el propio proceso constructivo; los fondos Next Generation ya exigen que un 70% del peso de los residuos de construcción y demolición en las rehabilitaciones que financian se prepare para reutilización o reciclaje. A escala del edificio entero, el mismo principio se denomina reversibilidad: proyectar pensando en que ese edificio va a cambiar de uso, de propietario, de función, varias veces a lo largo de su existencia, y que esa transformación debería poder hacerse sin destruir lo que ya hay. No se trata solo de conservar cimentación y estructura. Rehabilitar en serio implica leer un edificio entero como un inventario de materiales con una segunda vida posible: carpinterías, revestimientos, instalaciones, incluso elementos que hoy consideramos residuo y que serían recurso disponible en el propio lugar donde se interviene, sin necesidad de extraer nada nuevo. La investigación europea sobre el subsuelo urbano —la acción COST TU1206, dedicada específicamente a este ámbito— señala que buena parte de lo que hay bajo nuestras ciudades permanece "fuera de la vista, fuera de la mente", sin representar una preocupación diaria para quien lo planifica, y cuando aparece en la agenda suele ser por un problema, no por una oportunidad. Lo mismo ocurre, a otra escala, con lo ya construido sobre la superficie: la ciudad existente es el yacimiento de recursos más accesible que tenemos, y el menos explotado en las estrategias que llegan a titulares.

Construir con memoria: la estética de la frugalidad

Esta forma de construir trae consigo, casi de manera inevitable, una estética distinta, y vale la pena nombrarla en lugar de tratarla como un efecto secundario. Un material reutilizado no tiene la misma huella de carbono que uno virgen, pero tampoco tiene el mismo aspecto: llega con memoria, con marcas de un uso anterior, con una imperfección que el material nuevo no puede fingir. Durante mucho tiempo hemos entendido la calidad arquitectónica como sinónimo de acabado perfecto, de superficie sin historia. La reversibilidad como estrategia de proyecto empuja en la dirección contraria, pues propone una belleza que no oculta el origen de las cosas, que deja ver la viga que ya sostuvo otro techo o el ladrillo que ya formó parte de otro muro. Es, en el fondo, una estética de la frugalidad —no la frugalidad entendida como carencia— sino como criterio: usar lo necesario, usar lo que ya existe, y aceptar que esa limitación, lejos de empobrecer el resultado, le da un carácter que la abundancia de materiales nuevos casi nunca consigue. Construir con memoria es también, a su manera, una forma de honestidad material: el edificio deja de fingir que nació hoy y empieza a contar, en su propia superficie, de dónde viene.

El verde urbano como infraestructura compartida

El verde urbano ilustra esa misma cuestión desde otro ángulo, no el de quien paga el coste, sino el de quien asume la responsabilidad de construirlo. Durante décadas se ha gestionado como partida menor de jardinería, con contratos de mantenimiento a cuatro o cinco años que impiden cualquier inversión seria. El cambio que experimentan varias ciudades consiste en tratar el verde como infraestructura, al mismo nivel que el agua, el saneamiento o la electricidad. Pero tratarlo como infraestructura no resuelve quién lo sostiene: fomentar cubiertas verdes, muros vegetales o balcones enverdecidos significa entender que la naturaleza urbana no puede sostenerse solo con presupuesto público, ni depender únicamente de la iniciativa privada, sino de una corresponsabilidad conjunta entre administración, empresa y ciudadanía. Una cubierta ajardinada privada cumple una función pública de absorción de calor y agua de lluvia, exista o no un contrato que lo reconozca. Exigir esa función sin ofrecer a cambio un marco normativo o un incentivo es pedir a lo privado que sostenga un sistema público sin darle voz en su diseño.

De la ciudad del coche a la ciudad de las personas

La misma lógica de traslado de costes —cargarlos sobre quien no encaja en el patrón previsto— se repite en la propia forma de la ciudad. Aquí no cabe preguntarse qué necesita el ciudadano, sino qué se decidió primero y a qué tuvo que adaptarse él después. Durante décadas hemos diseñado la ciudad pensando en el coche como usuario prioritario, y hemos pedido al resto que se adapte a esa prioridad. Se ensancharon calzadas y se estrecharon aceras. Se multiplicaron los semáforos, los pasos regulados, los tiempos de espera calculados para el flujo del tráfico, pero no para el paso de quien camina. El aparcamiento ganó terreno al árbol, a la sombra, al banco. El coche no llegó a la ciudad para servirla: se instaló en ella como si fuera su propietario, y el resto —quien camina, quien empuja un carrito, quien tiene movilidad reducida, quien simplemente quiere cruzar sin apurarse— aprendió a moverse en los márgenes que le quedaban. Esto tiene un coste ambiental directo. Una ciudad organizada alrededor del vehículo privado es, casi por definición, una ciudad más impermeabilizada, más ruidosa, más contaminada y frágil frente al calor extremo. Pero el coste no es solo ambiental: una calle diseñada para el tránsito rápido de coches es también una calle donde el comercio de proximidad pierde transeúntes como clientes, donde el encuentro casual entre vecinos desaparece, donde ningún niño juega sin supervisión constante. Invertir esa prioridad —diseñar primero para el cuerpo que camina, que espera, que necesita sombra y banco, y dejar que el coche se adapte a esas condiciones y no al revés— no es solo una cuestión de justicia urbana, es probablemente la decisión de diseño con mayor impacto ambiental y social que una ciudad puede tomar de una sola vez.

El espacio público como lugar de ciudadanía

Esto nos conduce a un tema central y que casi nunca se nombra con claridad: el espacio público no es solo el lugar que usamos para desplazarnos de un sitio a otro; es el lugar donde un habitante se convierte en ciudadano. Hay una diferencia sustancial entre utilizar la ciudad y apropiársela, entre atravesarla y defenderla como si fuera una extensión de la propia casa. Esa apropiación es, en el fondo, el verdadero indicador de una ciudad sana, y no cuánto verde tiene en el papel, sino cuánta gente siente que ese verde, esa plaza o esa acera le pertenecen y merecen ser cuidados. Es el paso de la ciudad del coche a la ciudad de sus ciudadanos. De la ciudad de la contaminación a la ciudad de la calidad del aire y la calidad de vida. De la ciudad inerte, pensada como infraestructura muerta, a la ciudad entendida como un ecosistema vivo y diverso, donde cada actor —público, privado, individual— tiene una parte de responsabilidad y una parte de derecho. Y lo mismo vale a otra escala: un edificio tampoco es un objeto acabado, sino un ecosistema de materiales, usos y tiempos en tránsito, con la misma exigencia de corresponsabilidad que le pedimos a la calle.

¿Quién paga realmente el coste de la sostenibilidad?

Ninguno de estos desplazamientos se resuelve señalando un culpable aislado. Ni la inteligencia artificial, ni el coche, ni el promotor son el problema en sí mismos. El problema es la costumbre de no preguntar dónde recae el coste de cada decisión que llamamos progreso. La respuesta, en cada una de estas capas, es exigir el mismo estándar de honestidad: qué material se recupera y cómo, qué agua se consume y de dónde sale, para qué cuerpo se ha diseñado realmente una calle, quién sostiene el mantenimiento de una cubierta verde y con qué reconocimiento. La sostenibilidad no es un adjetivo que se aplica a un proyecto desde fuera, al final, como un acabado. Es una cuenta que alguien paga, en algún sitio, al que hasta ahora hemos sido muy hábiles en no mirar. Seguir hablando de ciudad sostenible sin nombrar quién asume ese coste no es optimismo, es la forma más cómoda de seguir desplazándolo. Nombrarlo, al menos, ya no depende de nadie más que de nosotros y es el único punto de partida real para empezar a construir, entre todos, la ciudad que decimos querer.

Referencias

  1. International Energy Agency (IEA), Key Questions on Energy and AI, abril de 2026. La demanda eléctrica de los centros de datos creció un 17% en 2025 —cinco veces más rápido que la demanda eléctrica mundial—, y la IEA proyecta que ese consumo se duplicará de aquí a 2030, con la demanda vinculada a la IA triplicándose en el mismo periodo.
  2. Estudio liderado por Landon Marston (Virginia Tech, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental), citado en Ahmad, R., "Engineers Often Need a Lot of Water to Keep Data Centers Cool", ASCE Civil Engineering Source, 2024: los centros de datos figuran, de forma colectiva, entre las diez industrias comerciales o industriales que más agua consumen en Estados Unidos.
  3. Green Building Council España (GBCe), Economía circular en la edificación, 2021. El informe recoge que el 54% de los residuos generados en obra en España acaban en vertedero, que entre el 10% y el 15% de los materiales se desperdician durante el proceso constructivo, y que los fondos Next Generation exigen que un 70% del peso de los residuos de construcción y demolición en las rehabilitaciones que financian se prepare para reutilización o reciclaje.
  4. Mielby, S., Eriksson, I., Campbell, S.D.G. y Lawrence, D., "Opening up the Subsurface for the Cities of Tomorrow", Procedia Engineering, vol. 209, 2017, pp. 12–25 (resultado del Working Group 1 de la acción COST TU1206 "Sub-Urban"). El estudio constata que el subsuelo urbano permanece, en la práctica, "out of mind, out of sight" para la planificación y la gestión de las ciudades.

 

Modificado por última vez enViernes, 02 Octubre 2026 11:11

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