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El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El documento responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID". El PNACC "representa nuestro esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que estamos emprendiendo". Sin duda, el PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones".

El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado las primeras convocatorias del paquete, dotado inicialmente con 316 millones de apoyo público, para financiar proyectos innovadores de tecnologías renovables. Estas primeras convocatorias, acordadas con las comunidades autónomas, asignarán más de 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones: Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. 

Con ello se movilizará una inversión privada adicional de unos 551 millones, generando empleo local, y eliminará más 712.000 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Este verano debería ser recordado no solo por los rebrotes del coronavirus sino también por la proliferación de propuestas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha. Su relación impresiona si se compara con la agostidad de anteriores gobiernos: real decreto ley 23/2020 para impulsar las energías renovables, el almacenamiento, agregadores independientes y comunidades de renovables, proyecto de ley de subastas, metodología de peajes, estrategia de autoconsumo, estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP), decreto de acceso y conexión, hoja de ruta del hidrógeno. Adelantan cuestiones planteadas en la ley de cambio climático, que se tramita en el Congreso, y la trasposición parcial de las directivas europeas del “paquete de invierno".

Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa y Emilio López Carmona, consejero delegado de una empresa nacional de bioenergía esperan que las medidas propuestas en el reciente Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables aprobado el 23 de junio, reconozcan el valor que aportan las plantas de biomasa al sistema eléctrico. Díaz, considera el Real Decreto “un importante paso en la dirección correcta hacia una economía más sostenible”, aunque, puntualiza, “su eficacia para alcanzar los objetivos que plantea dependerá del desarrollo normativo posterior”.

El Gobierno envió a las Cortes el 19 de mayo el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) que fija la hoja de ruta para alcanzar la total descarbonización de la economía española en 2050. Se inicia así la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo que persigue un sistema eléctrico 100% renovable y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente. 

Tal y como informan desde el Ministerio de Transición Ecológica, en un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto "facilita las señales adecuadas para aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta". Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.

Éstos son algunos de los principales puntos que trata la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética: 

El Gobierno ha presentado a la Comisión Europea el segundo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Los planes integrados tienen como meta el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015 para reducir las emisiones de GEI un 40% en 2030 sobre la base de 1990. La Comisión Europea acaba de abrir una consulta pública para presentar en septiembre un objetivo más elevado, hasta el 50% o 55% de reducción. La propuesta ha sido defendida por España desde la COP 25; sin embargo, el objetivo del PNIEC presentado a Bruselas se queda en el 23%.

El esfuerzo de reducción de emisiones se reparte entre los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión, que disminuirán sus emisiones un 61%, mientras que los sectores difusos lo harán en un 39%. Dentro de los sectores difusos destaca el esfuerzo en movilidad, transporte y edificación. Alcanzar un 39% de reducción de emisiones en los sectores difusos es el objetivo más exigente del PNIEC, pero no cuenta aún con medidas adecuadas al carecer de estrategias de rehabilitación energética de los edificios y de movilidad eléctrica.