La UE emplaza a España a que trasponga correctamente las normas contenidas en la Directiva sobre eficiencia energética

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE.

Estas decisiones, que abarcan diversos sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

Ámbito energético

Con respecto al ámbito de la energía, recordaremos que la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, obliga a los Estados miembros a instalar contadores individuales o sistemas de imputación de costes de calefacción para medir el consumo de energía y asignar los costes en los edificios de apartamentos y polivalentes en los que la calefacción, la refrigeración o el agua caliente se suministran desde una instalación central o colectiva.

En el mes de mayo de 2016, en Caloryfrio.com publicamos un artículo sobre la obligatoriedad de instalar repartidores de costes de calefacción antes del 1 de enero de 2017 haciéndonos eco de la información difundida por la asociación CONAIF – Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines.

En dicho artículo ya se advertía que, en el caso de España, la trasposición de la Directiva 2012/27/UE se había realizado de forma parcial y que la parte relativa a la instalación de contadores individuales y sistemas de imputación de costes de calefacción para medir el consumo de energía había quedado aplazada y sin fecha concreta de realización. Con esto, la obligación de instalación de dichos sistemas de medición quedaba en suspenso.

Si quieres saber más sobre este tema, puedes leer el artículo: Qué dice la normativa sobre contadores individuales para calefacción central.

Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética

La Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 14 de noviembre de 2012.

La nueva Directiva de Eficiencia Energética surgió en un marco en el que se constataba que la Unión Europea no iba a alcanzar el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética en 2020.

En este contexto se consideró necesario establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la UE a fin de asegurar la consecución del objetivo de eficiencia energética de un 20% de ahorro para el año 2020.

Además, la directiva pretendía establecer normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y superar aquellas deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y consumo de energía.

Los Estados miembros se comprometieron entonces al establecimiento de una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque de edificios residenciales y comerciales, tanto de uso público como privado.

De acuerdo con el citado art. 4 de la Directiva, esta estrategia debería actualizarse cada 3 años y remitirse a la Comisión Europea, en el marco del Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética (PNAEE).

España remitió a principios de año la actualización de la ERESEE 2017 confirmando la reducción de consumo de energía en el sector de la edificación y la positiva evolución del número de viviendas rehabilitadas en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2016.

Desde el punto de vista cualitativo, la ERESEE 2017 también analiza el impacto de las medidas ya adoptadas para impulsar la eficiencia energética en la edificación e identifica las nuevas medidas que se consideran necesarias, dejando en suspenso una vez más, la trasposición total de la Directiva europea de eficiencia energética.

Con el anuncio de emprender acciones jurídicas por parte de la UE este pasado 4 de octubre contra los Estados miembros que incumplen sus obligaciones, el ejecutivo tendrá que tomar medidas.

De momento, España tiene ahora dos meses para responder al requerimiento.