En España el número de edificios residenciales existentes según el censo del 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística es cercano a 9,7 millones de edificios con 25,9 millones de viviendas. El 40 % fueron construidos entre el año 1939 y 1979. Si a esto se le suma los edificios construidos con anterioridad al año 1939, se obtiene que un 57% del total de los edificios residenciales fueron construidos sin tomar en cuenta criterios térmicos, anteriores a la aparición de la norma NBE- CT-79 [1]. El fenómeno de pared interior fría es habitual en estos tipos de edificios debido a sus cerramientos sin aislamiento y diferentes tipologías de puentes térmicos no resueltos. A esto se suma un sensible aumento de la estanquidad al aire de las viviendas debido a la sustitución de las ventanas por carpinterías modernas mucho más herméticas en estancias sin ningún tipo de sistema de ventilación en origen.

La reforma en el campo de la edificación, tanto si se trata de viviendas como de locales comerciales, hoteles o infraestructuras implica a un enorme volumen de mano de obra y proporciona valor añadido al mercado de consumo, puesto que se trata de una inversión que permanece, incrementa la calidad de vida de quienes la utilizan y contribuye a aumentar el valor de los inmuebles. Asimismo, el sector de la rehabilitación constructiva supone un valor económico que es susceptible de ser movilizado rápidamente, puesto que recae en profesionales especializados locales de muy diversas especialidades. El conjunto de actores que intervienen en este mercado insiste en la importancia de instar al Gobierno a focalizar su mirada en este ámbito económico.

En su Estrategia España para la Recuperación de la Crisis del COVID-19, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en un análisis que ha desarrollado en colaboración con Deloitte y ESADE, se ha marcado con objetivo identificar el conjunto de medidas destinadas a la recuperación de la economía española tras la crisis que ha provocado la emergencia sanitaria del COVID-19 y, en base a ello, propone una estrategia que se apoya en una combinación de un enfoque defensivo, de mitigación de riesgos existentes, preservación del tejido productivo y recuperación de la actividad y, en especial, de los sectores más afectados, con un enfoque proactivo de identificación y desarrollo de palancas y elementos tractores que jugarán un papel clave en la adaptación y el crecimiento del conjunto de la economía en un entorno coyuntural y estructural distinto y complejo a nivel nacional e internacional.