La Comisión Nacional de la Energía (CNE) afirma en un informe publicado en pasado 5 de agosto que la revisión de la factura eléctrica "podría no incentivar la eficiencia energética", al aplicarse mayores recargos en los términos de potencia por motivos recaudatorios "sin introducir medidas adicionales sobre información de la potencia contratada a consumidores y regulación para elegir potencias por periodos". 

El "Informe 14/2013 sobre la propuesta de orden por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica" de la CNE propone también revisar la medida para que "los consumidores que inviertan en autoconsumos y balance neto conozcan cómo se hará la imputación de dichos costes en los peajes de acceso y los costes que supone su suministro".

El 27 de junio el Congreso de los Diputados rechazó con 195 votos en contra y 105 abstenciones una iniciativa del grupo parlamentario La Izquierda Plural que proponía, entre otras medidas, llevar a cabo una Auditoría Energética independiente que, según reza el texto presentado, "determine las causas reales del déficit tarifado, eliminando aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o compensando los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas, y cifrados en 3.400 M de euros por la CNE". 

Tras la presentación del Real Decreto que incluye una la reforma eléctrica que pretende reducir el déficit tarifario del sistema eléctrico español, algunos de los principales activos del sector han entrado a valorar dicho paquete de medidas presentado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de julio.  La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético critica muy negativamente la reforma y afirma que "perjudicará a empresas y a consumidores" y que con ella "se cierran las puertas al autoconsumo y a la generación distribuida en redes eléctricas inteligentes, desaprovechando el potencial tecnológico de las energías renovables".   

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 12 de julio un paquete de medidas para poner fin definitivamente a los desequilibrios que persisten en el sistema eléctrico, que actualmente ascienden a unos 4.500 millones de euros anuales, establecer un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorar el sistema de cara al consumidor, clarificando la factura y favoreciendo la competencia de cara al ciudadano.

El pasado viernes 12 de julio, el Consejo de Ministros dió luz verde a la Reforma del Sistema Eléctrico, una serie de medidas que tras haber sufrido múltiples retrasos tienen como objetivo reducir las grandes pérdidas anuales que sufre el sistema eléctrico español. El día anterior a la aprobación de estas medidas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, convocó a los responsables de las principales compañías eléctricas para darles a conocer las diversas medidas en las que, a día de hoy, consiste la Reforma Eléctrica.