El certificado energético actualiza sus escalas de la A a la G para adaptarse a los edificios de cero emisiones

Como cierre de su Asamblea anual, Andimat, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, ha reunido a un panel de expertos en torno a una mesa redonda, moderada por Esther Soriano, directora general de Saint Gobain Solutions, para analizar el importante papel de la envolvente en la eficiencia energética y la descarbonización de edificios.

“El mensaje de la eficiencia energética primero -que emana de la propia Unión Europea- está llegando al ámbito político y normativo, pero todavía falta dar el paso definitivo hacia la ciudadanía”, ha afirmado Antonio Logroño, presidente de Andimat. No obstante, ha reconocido, existe un cambio de tendencia. En este sentido, “la realidad nos está sorprendiendo porque hay demanda. Hay ciudadanos interesados en aislar sus viviendas, preguntando activamente por soluciones”.

Con todo, el contexto europeo está marcando el ritmo. La nueva directiva EPBD introduce un cambio radical al obligar a considerar no solo el consumo energético en uso, sino también el impacto ambiental de todo el ciclo de vida del edificio. “Hasta ahora actuábamos sobre las emisiones durante el uso; ahora debemos incorporar las emisiones generadas al construir el edificio”, ha explicado Juan Queipo de Llano, responsable de la Unidad de Calidad en la construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. “Este enfoque”, ha subrayado, es clave porque “en edificios actuales, donde el consumo ya es muy bajo, las emisiones asociadas a los materiales empiezan a ser igual de importantes o más”.

La transición no será inmediata, pero ya tiene calendario. A partir de 2028, será obligatorio declarar el potencial de calentamiento global (PCG) en edificios de gran tamaño, extendiéndose progresivamente al resto. “Este es el cambio más importante derivado de la directiva, calcular todas las emisiones a lo largo del ciclo de vida completo del edificio”, ha destacado Queipo de Llano. Además, ha destacado que en 2030 habrá un límite al PCG de los edificios, de modo que en los proyectos habrán de elegirse los materiales más sostenibles.

Asimismo, la certificación de eficiencia energética (CEE) evolucionará hacia una herramienta estratégica. “La adaptación normativa recogerá el potencial de calentamiento global, un indicador adicional que tendrá que declararse en el certificado”, ha matizado Alfredo Garzón, jefe de área de la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En consecuencia, el CEE requerirá, además, una actualización de su escala. “La propia directiva EPBD impone unos nuevos márgenes entre letras, por ejemplo, la A tiene que ser un edificio cero emisiones, y a partir de ahí el resto tiene que definirse. También la escala actual tiene casi 20 años y necesita una revisión a las nuevas metodologías e instrumentos de certificación”, ha precisado.

Sin embargo, el éxito de la transición energética depende, según los expertos, de la capacidad de trasladar estos cambios al ciudadano de forma comprensible. Si bien la experiencia con los fondos europeos ha demostrado que la demanda existe, también ha evidenciado lagunas. “Los fondos se han agotado porque la ciudadanía ha respondido, pero no puedes convencer a una comunidad de propietarios para invertir y luego dejarla en el limbo con la concesión de las ayudas. Eso destruye la confianza”, ha denunciado Iván Madrigal, director de Relaciones Institucionales del agente rehabilitador EOS RenovAcción Profunda.

Así las cosas, el Plan Estatal de Vivienda, recientemente aprobado, debería ser más explícito en recoger los “cadáveres” o “fantasmas” sin una subvención o sin el tiempo para acabar las obras. “Creo necesario que ese Plan recoja de alguna manera esos expedientes a modo de lista de espera”, ha incidido Madrigal.

Desde el ámbito de los arquitectos, la preocupación es similar. “Hemos dado la cara ante las comunidades de propietarios, hemos defendido la rehabilitación y ahora muchos propietarios sienten que les hemos fallado”, ha reconocido María José Peñalver, secretaria general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Según ha explicado, existen numerosos expedientes sin resolver y una gran incertidumbre: “Hay comunidades que no saben si arrancar las obras, otras que no llegarán a los plazos y administraciones autonómicas que no dan respuestas claras”.

El sector teme un efecto desincentivador a medio plazo, por lo que los expertos coincidieron en la necesidad de establecer un marco estable, continuado en el tiempo y predecible. Así, la eficiencia energética debe dejar de percibirse como una obligación o un coste y entenderse como una inversión en confort, salud y valor patrimonial. Para ello, el panel ha reivindicado el papel de las soluciones de aislamiento: “Con un buen diseño, una envolvente adecuada y materiales bien elegidos, podemos lograr edificios que prácticamente no necesiten sistemas de climatización”.

La industria, por su parte, se muestra preparada para asumir el reto, “ya que llevamos años innovando, desarrollando soluciones y generando datos rigurosos sobre el comportamiento de los materiales”, ha recalcado Logroño. “Si bien”, ha precisado, “no debemos centrarnos en el origen de estos materiales, sino en su contribución real a la reducción de emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida”. En su opinión, el sector debe avanzar hacia una visión más prestacional.

En el ámbito de las herramientas incentivadoras que sirvan de complemento a las ayudas públicas, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) se perfilan como un instrumento clave, aunque con limitaciones. “Funcionan muy bien en sectores como la industria, donde las inversiones tienen retornos rápidos, pero en residencial es más complejo”, ha reconocido Garzón. Para corregirlo, el MITECO trabaja en mecanismos como subastas específicas de ahorro energético que permitan impulsar actuaciones en vivienda.

Además, la regulación introducirá progresivamente obligaciones más estrictas. Los estándares mínimos de eficiencia energética (MEPS) obligarán a determinados edificios, fundamentalmente del sector terciario, a mejorar su rendimiento. Una exigencia que no se contempla, de momento, para el residencial.

Como cierre, Esther Soriano ha destacado que la sostenibilidad es tanto una cuestión social, medioambiental y económica como de competitividad, seguridad energética y protección con respecto a incertidumbres futuras.