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El autoconsumo en España, pendiente de una regulación más favorable que potencie su desarrollo

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El autoconsumo eléctrico se ha convertido en un instrumento clave para la puesta en marcha de un nuevo modelo energético que ayude a frenar el cambio climático. Cada vez hay más voces que se muestran convencidas de que su desarrollo va a contribuir a un futuro energético más limpio y sostenible a nivel mundial y a reducir la dependencia energética. Gracias al autoconsumo mejora la competitividad de las empresas, se crea empleo cualificado y ayuda a fomentar la economía local, entre otros aspectos. Sin embargo, su desarrollo en España no está siendo el esperado.

La normativa para la regulación del autoconsumo en nuestro país ha sido, sin duda, uno de los temas más controvertidos en materia energética en los dos últimos años. Después de muchos meses de espera, el Gobierno aprobó, en octubre de 2015, el Real Decreto 900/2015 con las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. A pesar de las protestas del sector, la nueva norma incluye el peaje de respaldo –conocido también como “impuesto al sol”- para las instalaciones conectadas a red.

El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha mostrado su disposición a mejorar las condiciones de los autoconsumidores eléctricos, pero sin eliminar el “impuesto al sol”

El sector considera que la normativa supone una “barrera económica al autoconsumo” y una “señal inequívoca del escaso apoyo del Gobierno a esta tecnología” y pide su modificación. En febrero pasado, todos los grupos parlamentarios –a excepción del PP y UPN- firmaban en el Congreso de los Diputados un acuerdo de compromiso para el desarrollo del autoconsumo eléctrico, que también contó con el apoyo de una amplia representación de la sociedad civil -consumidores, sindicatos, asociaciones empresariales, ecologistas y movimientos sociales- y que recoge, entre otros aspectos, el reconocimiento del derecho al autoconsumo sin ningún tipo de cargo sobre la energía autoconsumida, la simplicidad administrativa y el autoconsumo colectivo.

Lo más curioso de todo es que el tan temido “impuesto al sol” no se está cobrando porque no hay una normativa que lo regule. El Ejecutivo dio seis meses de plazo desde la aprobación de la normativa –hasta abril de 2016- para que los propietarios de las instalaciones de autoconsumo las inscribieran en un registro y la Administración pudiera cobrar el impuesto correspondiente: una tasa por los kWh que producen las placas solares y otra tasa por la potencia de la instalación. Sin embargo, esto no se está produciendo. 

No desequilibra el sistema

El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha mostrado su disposición a mejorar las condiciones de los autoconsumidores eléctricos, pero sin eliminar el “impuesto al sol”. Durante la presentación de las líneas maestras de su legislatura, el ministro recordó que el coste fijo del recibo, que también deben abonar los autoconsumidores conectados al sistema, “cubre solo dos tercios de los costes, por lo que es necesario este impuesto para que cubran el tercio restante”.

Nadal también abogó por regular la situación de las instalaciones de autoconsumo para crear un registro que, el titular de Energía, considera necesario por motivos de seguridad. Según los datos facilitados por UNEF, el número aproximado de instalaciones de autoconsumo en España podría rondar el millar, de las que se han registrado hasta la fecha un total de 449, con una potencia total contratada de 76 MW. En condiciones favorables, apuntan desde la asociación, eliminando el impuesto al sol y con una tramitación administrativa razonable, “estimamos que el crecimiento sería de unos 200 MW anuales en los próximos 2 años”. Disuasoria o no, el hecho es que la normativa es una realidad y su incumplimiento lleva acarreadas importantes sanciones económicas.

Desde la asociación aseguran que el desarrollo ordenado del autoconsumo en unos 200 MW al año “reduciría la demanda total de energía en un 1%, evitaría pérdidas del sistema, así como el desarrollo de nuevas redes de transporte y distribución y se abarataría el coste de mantenimiento de las redes ya existentes”. Además, señalan desde UNEF, “el autoconsumo no tiene impacto sobre los equilibrios del sistema, ya que lo que dejaría de ingresar en los costes del sistema -en una hipótesis muy optimista de instalación de 400 MW/año- sería un máximo de 12 millones de euros para un sistema que recauda más de 18.000 millones. La repercusión para los hogares domésticos sería de 11 céntimos de euros al año”.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha llegado a comentar que la normativa de autoconsumo en España es, probablemente, la más restrictiva del mundo, al ser el único país que impone una tasa específica para los autoconsumidores destinada a financiar la red eléctrica.

Iniciativas regionales

A pesar de la decisión del ejecutivo, son varias las comunidades autónomas que están dispuestas a respaldar el autoconsumo energético. Algunas de ellas ya cuentan con incentivos fiscales, líneas de financiación para pymes y planes de eficiencia y ahorro energético en los edificios públicos. Una de las primeras que aspiraba a disponer de una regulación sobre autoconsumo eléctrico exento de peaje es Murcia -la primera provincia española en densidad de potencia fotovoltaica instalada por kilómetro cuadrado- gracias a la inclusión, el pasado año, del artículo 20bis en la Ley 11/2015 que modificaba la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado al traste con esta pretensión declarando inconstitucional la modificación de la Ley, al suponer una extralimitación normativa respecto de la regulación básica estatal.

Por su parte, el Plan de Fomento del Autoconsumo Energético de la Generalitat Valenciana prevé deducciones fiscales del 20% en el tramo autonómico del IRPF, así como una línea específica de financiación para empresas y acciones para desarrollar la autogeneración energética en los edificios públicos de institución autonómica.

El Gobierno balear también aprobaba en mayo pasado la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a particulares, empresas y asociaciones empresariales. El Gobierno foral de Navarra también se ha sumado al carro y el año pasado destinaba 700.000 euros para instalaciones fotovoltaicas y eólicas sin vertido a la red como parte de la convocatoria abierta hace casi dos años para la promoción de renovables. Recientemente, la Junta de Extremadura ha anunciado que también subvencionará el 40% de la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.

Europa, a favor del autoconsumo

El apoyo que desde Bruselas se ha hecho al autoconsumo podría suponer un giro de tuerca a su situación en España. El pasado 30 de noviembre, la Comisión Europea presentó un amplio paquete de medidas energéticas para tratar de recuperar el impulso a la descarbonización de la economía. En el caso del autoconsumo, la nueva propuesta de Directiva sobre Renovables permite, entre otros aspectos, el autoconsumo compartido –algo prohibido en España-, la posibilidad de cobrar un precio de mercado por la energía excedentaria vertida a la red -algo que en España sólo perciben los sistemas mayores de 100 kilovatios-, y permite optar por vender la energía sobrante al mercado eléctrico o directamente a otro consumidor. Además, los autoconsumidores no serán considerados como productores siempre que la electricidad que inyecten en la red no supere los 10 MWh anuales en el caso de los hogares y los 500 MWh anuales en el caso de las personas jurídicas.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha llegado a comentar que la normativa de autoconsumo en España es, probablemente, la más restrictiva del mundo, al ser el único país que impone una tasa específica para los autoconsumidores destinada a financiar la red eléctrica. Una situación que contrasta con las normativas que, por ejemplo, se están aplicando en algunos países de Europa como Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, que han desarrollado mecanismos de medición con balance neto; en otros como Alemania, Italia y Gran Bretaña, donde se promueve un consumo instantáneo de la electricidad producida; o el caso de Portugal, que permite el autoconsumo sin peaje de respaldo hasta 10 megavatios y el balance neto. En Estados Unidos, por ejemplo, según el Observatorio Crítico de la Energía, el Estado de California goza de una extensa regulación de autoconsumo que ha permitido en los últimos años el despegue y rápido crecimiento de esta tecnología.

Desde UNEF señalan que la definición de un marco legislativo favorable implicaría: el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo sobre la energía autoconsumida; permitir que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, algo imprescindible para que pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico y contribuir a la lucha contra la pobreza energética”; simplificar la tramitación administrativa, especialmente para las instalaciones pequeñas y que no inyectan electricidad a la red eléctrica, para las que bastará una notificación; eliminar el requisito de un segundo contador en el punto frontera, porque encarece injustificadamente los proyectos; así como adaptar el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico evitando las multas multimillonarias que establece la ley del Sector Eléctrico.

La pelota está en el tejado de la Administración, que no tendrá más remedio que tomar más pronto que tarde una decisión definitiva sobre un asunto que cuenta con el apoyo de una gran parte de sector, de los partidos políticos, de las empresas y de los propios consumidores, y que supondrá un antes y un después para el desarrollo del autoconsumo en nuestro país.

 

 
Modificado por última vez enMartes, 17 Enero 2017 13:28
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