El Gobierno desoye las críticas generalizadas y aprueba el polémico “impuesto al sol”

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 9 de octubre el Real Decreto sobre Autoconsumo, conocido popularmente como el “impuesto al sol”, que regula las condiciones administrativas y técnicas del autoconsumo de energía eléctrica. Acompañado por la polémica y una fuerte oposición desde su inicio, la nueva norma ha conocido diferentes borradores hasta la versión que ha sido definitivamente aprobada. El Real Decreto contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instaladores, y demás agentes se adapten a esta norma.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que el autoconsumidor no pagará el importe de la energía, impuestos o peajes, siempre que la instalación no esté "enganchada a la red", pero sí que contribuirá como cualquier otro consumidor a los costes de partidas como el sistema eléctrico, el déficit eléctrico acumulado, gastos extrapeninsulares, incentivos a las renovables o pagos por capacidad. 
 
Para Soria esta contribución por estar enganchados a la red es necesaria para evitar que los costes del sistema repercutan "entre el resto de consumidores que no autoconsumen, elevando así su factura", algo que no sería justo ya que, en su opinión, "los costes generales del sistema nada tienen que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo o no".
 
Tal y como estaba reflejado en el borrador presentado en agosto, se reconocen dos exenciones a estas obligaciones: los pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW y las extrapeninsuales (Canarias y Baleares). Para el ministro de Industria, Energía y Turismo, el nuevo marco para el autoconsumo observa primera una modalidad que requiere una instalación sólo para el autoconsumo y que no supere los 100 kilovatios (kV) de potencia. Con esta opción, se podrá verter a la red el sobrante de electricidad pero no podrá ser vendido. El segundo escenario que contempla el Real Decreto es el referido a las instalaciones que superen los 100 kilovatios de potencia. En este caso sí se podrá vender el excedente de electricidad, aunque será necesario estar registrado en el registro de productores de electricidad.
 

Una exención... ¿transitoria?

La citada exención, sin embargo, podría tener fecha de caducidad. Según la disposición transitoria primera del Real Decreto de Autoconsumo se establece que cada tres años se presentará un informe a la Comisión delegada de Asuntos Económicos sobre la evolución económica del sistema eléctrico y que tendría la capacidad de eliminar esta exención. 
 
En caso de producirse esta situación, muchos usuarios se verían afectados, ya que únicamente contemplando una exención a largo plazo o definitiva se compensaría la amortización de la inversión realizada por el particular en la infraestructura. De hecho, podría darse la paradoja de tener que pagar más que por la energía que produce y autoconsume que le compra al sistema.
 

Prohibido asociarse entre vecinos

Una de las novedades del decreto finalmente aprobado ha sido la prohibición expresa a que se asocien varios consumidores para compartir varias unidades de producción, ya que en el caso de que existan, todas tendrán que pertenecer a un mismo titular, ya sea persona física y jurídica. Según la medida aprobada por el Gobierno, “en ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios vecinos”, lo que evita en la práctica que las comunidades de vecinos se beneficien de este tipo de generadores compartidos.
 

Avalancha de críticas 

A pesar de la afirmación del ministro de Industria, Energía y Turismo, que señala la nueva norma como un "impulso a las renovables", las críticas desde amplios sectores no se han hecho esperar. El Real decreto ha provocado una respuesta contundente por parte de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), principal asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España, que afirma categóricamente que “el Gobierno insiste en impedir el desarrollo del autoconsumo en España”. Según la UNEF, “La normativa no contempla el Balance Neto, la modalidad más entendida en el mundo, y prevé que los pequeños autoconsumidores estén obligados a regalar la energía que no consumen a la compañía eléctrica”. 
 
Para Jorge Barredo, presidente de UNEF, el Decreto es contraproducente ya que “lejos de incentivar el autoconsumo, la generación distribuida y el uso de energías renovables, esta normativa desincentiva el desarrollo del autoconsumo eléctrico al prever un “impuesto al sol” injustificado que implicará que los autoconsumidores, aun siendo los que menos uso hagan del sistema, paguen más cargos para el mantenimiento del mismo que el resto de usuarios”.
 
En esta misma línea crítica al Decreto se ha posicionado la Fundación Renovables, desde donde aseguran que “subyace a la propuesta del Gobierno una clara intencionalidad en cuanto a desincentivar el autoconsumo y una perversa manipulación de las propias razones objetivas para la regulación del mismo”. Por otro lado, Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación, es categórico al señalar que “en una tecnología como la solar, que produce más energía cuando el consumidor doméstico no está en casa y, por tanto, demanda menos energía, el tratamiento de los excedentes es crítico”.
 
Desde el ámbito político, todos los partidos al margen del Partido Popular firmaron el pasado mes de julio un manifiesto a través del cual se comprometían a derogar el Decreto sobre Autoconsumo en el caso que haya cambio de Gobierno.
 
(Imagen de portada cortesía de  Krannich Solar)
 
Modificado por última vez enLunes, 09 Noviembre 2015 10:33
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