El Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pone en consulta pública el Real Decreto que regula la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico o en otras infraestructuras hidráulicas de titularidad pública que estén conectadas a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abre a audiencia pública la Hoja de Ruta del Autoconsumo, con el fin de identificar los retos y las oportunidades que presenta y establecer medidas para asegurar su despliegue masivo en España. De acuerdo con un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en un escenario objetivo, el autoconsumo puede alcanzar los 9.000 MW de potencia instalada en 2030. Desde 2018, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno tras eliminar el llamado ‘impuesto al sol’, el autoconsumo se ha multiplicado por 2,5, hasta alcanzar casi 600 MW instalados el pasado 2020.
La Unión Española Fotovoltaica, UNEF, ha logrado que la Comunidad Autónoma de Madrid apruebe la adecuación de las leyes autonómicas de urbanismo a la realidad del autoconsumo, para que estas instalaciones se tramiten por la vía de la declaración responsable, lo que agiliza considerablemente la tramitación administrativa.
“Esta norma da respuesta a unas peticiones que hemos venido haciendo en los últimos años y estamos convencidos de que, bajo este nuevo marco regulatorio, el sector fotovoltaico podrá reactivarse de forma rápida, generando empleo de calidad y fortaleciendo la cadena de valor industrial, elementos fundamentales en la fase post-COVID-19” ha señalado Arancha Martínez, Presidenta de UNEF.
Ya están publicada en el BOE la actualización de los Procedimientos de Operación para adaptarlos a la nueva normativa de autoconsumo. Concretamente, la resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
El Consejo de Ministros aprobó el 22 de noviembre un Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al rápido proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. Este Real Decreto establece un marco retributivo claro para los proyectos fotovoltaicos existentes.
El Real Decreto- ley fija el valor de la rentabilidad razonable para instalaciones renovables, cogeneración y residuos, y establece medidas para aprovechar los recursos tanto de acceso a la red como hídricos asociados a las centrales térmicas en proceso de cierre para asegurar que se crea actividad y empleo de calidad en las zonas en transición.
El Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo vuelve a la palestra.
El Tribunal Supremo ha rechazado indemnizar por daños y perjuicios a las empresas fotovoltaicas por la modificación de las retribuciones a esas instalaciones introducida en el año 2010. La Sala III del alto tribunal establece que la existencia de un daño indemnizable debe contemplarse en relación con la totalidad de la vida útil de las instalaciones (fijada en treinta años), y la prueba pericial practicada en las actuaciones ha puesto de manifiesto que la disminución de ingresos derivada de la limitación de la retribución ha sido compensada mediante disposiciones posteriores, lo que permite afirmar que la actividad de producción de electricidad a través de este régimen especial ofrece una rentabilidad razonable (en el entorno del 8 por ciento anual), que excluye que el daño sea real y antijurídico.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 9 de octubre el Real Decreto sobre Autoconsumo, conocido popularmente como el “impuesto al sol”, que regula las condiciones administrativas y técnicas del autoconsumo de energía eléctrica. Acompañado por la polémica y una fuerte oposición desde su inicio, la nueva norma ha conocido diferentes borradores hasta la versión que ha sido definitivamente aprobada. El Real Decreto contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instaladores, y demás agentes se adapten a esta norma.
Tras un primer borrador del Real Decreto de Autoconsumo propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que suscitó numerosas críticas desde diferentes ámbitos por suponer un nuevo cargo que desincentivaría el uso de baterías y sistemas de autoabastecimiento de energía por parte de autoabastecedores o autoconsumidores de electricidad, el ministerio liderado por José Manuel Soria ha decidido ‘aligerar’ la carga sobre este tipo de consumidores.
La Fundación Renovables ha reunido en un acto celebrado esta mañana en Madrid a algunas de las principales asociaciones del sector de las energías renovables, ecologistas, sectoriales y sindicales en un intento de mostrar su disconformidad con el Real Decreto firmado por el Gobierno el pasado 27 de enero.
En el acto que ha tenido lugar esta mañana han intervenido Javier García Breva, Presidente de la Fundación Renovables; Vicenç Rocosa Girbau de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, en representación de las asociaciones sindicales, Carlos Bravo de Greenpeace, en representación de las asociaciones ecologistas y José Antonio González de FENIE, en representación de las asociaciones sectoriales.
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de primas e incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables (energía solar fotovoltaica, termosolar, hidráulica, biomasa) y residuos.
La medida responde, según informó el propio ministro José Manuel Soria, a la necesidad de frenar el déficit tarifario acumulado y que supera ya los 24.000 millones de euros. "El déficit tarifario constituye en sí mismo una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y en particular para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y alta eficiencia. Por otro lado, los objetivos de potencia para el año 2020 recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual.