Claves del nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero - Infografía
- Escrito por Idoia Arnabat CALORYFRIO
El Gobierno ha introducido una reforma del impuesto a los gases fluorados (IGF) mediante una enmienda insertada en una modificación de la Ley de Transparencia que fue publicada en el BOE el 8 de julio de 2022. El nuevo impuesto entrará así en vigor el 1 de septiembre de 2022, con algunas exenciones para transporte y uso militar.
La extensión del Impuesto de gases fluorados de efecto invernadero gravará la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas. Esto se podría traducir en un encarecimiento de entre el 5% y el 10%, según han denunciado las principales asociaciones del sector que ya habían presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley que el Gobierno había presentado en diciembre de 2021. El sector ha mostrado su rechazo a las formas en las que se ha aprobado esta forma el impuesto, mediante una enmienda insertada en una ley que nada tiene que ver con la gestión tributaria, lo que deja a las empresas escaso margen de respuesta y apenas tiempo de reacción.
Te explicamos con una infografía y una entrevista en vídeo cuáles son los cambios que trae este nuevo impuesto y qué consecuencias acarrea para el sector.
España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2015, el IGF extenderá el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.
La medida vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio, y las instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial. Afecta también a los supermercados, la industria alimentaria, la logística y el transporte refrigerado, los electrodomésticos, la automoción…; y mermaría la competitividad de estos sectores, que facturan más de 130.000 millones de euros y emplean a más de 750.000 personas. El nuevo gravamen entraría en vigor el próximo julio, de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación, de modo que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias.
Para entender mejor qué medidas trae el actual proyecto de ley y qué consecuencias tendría para los profesionales, hemos hablado con Alberto Duro, responsable del Departamento Financiero de AGREMIA, en una video entrevista de #Protagonistascaloryfrio que puedes ver a continuación:
España sería el primer país de la Unión en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, desviándose del principio europeo de “quien contamina, paga”, incluso aunque sea energéticamente. Otros países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales.
Paradójicamente el nuevo impuesto “medioambiental” penalizaría la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización, o el papel de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la reducción del desperdicio de alimentos. Sus beneficios medioambientales son muy superiores al potencial perjuicio causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera.
El impuesto, por otro lado, ignora las reflexiones y recomendaciones de los 60 expertos en fiscalidad, entre los que se encuentran antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria, que han intervenido en el “Libro blanco para la reforma fiscal en España”, publicado en febrero de 2022. En él se explica que el impuesto sobre gases fluorados “no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector.” También se destaca que grava “un consumo sin que el operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería ser objeto de revisión”, y que este tipo de impuestos “funcionan mejor en el caso en el que están armonizados a nivel europeo, al reducirse el riesgo de fraude”.
El sector y sus asociaciones, en contra
Una veintena de asociaciones de los sectores afectados han unido sus voces contra lo que consideran un atropello fiscal injustificado: un impuesto que no está alineado con las políticas de la Unión Europea, que repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos.
AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, APPLIA, ATFRIE, CNI, CONAIF, FECE, FEGECA y FELAC, son algunas de las organizaciones de este colectivo, que conjuntamente representan a los sectores de la industria y servicios españoles de FABRICANTES y DISTRIBUIDORES de electrodomésticos; equipos de climatización (aire acondicionado, calefacción, distribución y tratamiento de aire, mejora de la calidad del aire interior, regulación y control, ventilación); maquinaria para hostelería, colectividades e industrias afines; producción de agua caliente sanitaria; refrigeración comercial e industrial; etc.; de empresas USUARIAS de instalaciones frigoríficas; y de empresas INSTALADORAS de climatización; electricidad, fontanería; gas; protección contra incendios; refrigeración; ventilación; etc.
Todas ellas unidas aglutinan más de 34.000 empresas y 462.000 empleados directos, y tienen una facturación conjunta de más de 126.000 millones de euros.
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