Más de 1,5 millones de hogares en España, según datos de empresas del sector instalador, están a la espera de que el nuevo Gobierno regule, a través de un Real Decreto, el uso de la calefacción central en edificios residenciales y, por consiguiente, a la contabilización de consumos individuales por medio de contadores de energía o repartidores de costes.
“La aprobación de este Real Decreto, previsto para abril de 2019, permitiría a los vecinos pagar en función de su consumo individual en comunidades de propietarios que todavía cuentan con sistemas de calefacción central”, explica Inmaculada Peiró, directora General de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia). “Es además una exigencia que viene de Europa en cumplimiento de la Directiva en materia de eficiencia energética, por lo que su regulación en nuestro país, que debería haberse completado en diciembre de 2016, evitaría millones de toneladas de C02 a la atmósfera”, concreta.