El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El documento responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID". El PNACC "representa nuestro esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que estamos emprendiendo". Sin duda, el PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones".

Frente a las previsiones económicas cada vez más pesimistas como consecuencia del coronavirus, el sector de la construcción y la edificación en España ha reivindicado, en una reunión con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, el director general de Vivienda, Francisco Javier Martín y el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Ignacio Carnicero, su capacidad para ser locomotora de la recuperación económica con el apoyo público necesario.

Esto es, a través de un plan de reactivación que contemple medidas de calado y recursos suficientes para acelerar su actividad con una “ola de renovación inmobiliaria” que atienda las necesidades de rehabilitación, regeneración urbana y acceso a la vivienda que existen en nuestro país y que esté en consonancia con la estrategia verde promovida por la Comisión Europea, la Agenda 2030 de la ONU y la Agenda Urbana Española. En este sentido, advierte de que, sin el apoyo necesario, se pueden perder hasta medio millón de puestos de trabajo en el sector, pero, con las políticas públicas adecuadas, se crearían unos 400.000 empleos.