El Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España ha constatado el buen momento que atraviesa el sector renovable. Con un crecimiento real del 15,6% en 2019 hasta los 12.540 millones aportados al PIB, las energías renovables generaron más de 95.000 empleos. Las exportaciones ascendieron a 4.273 millones, con un saldo exportador positivo de 1.186 millones. Los ahorros de la electricidad renovable, las renovables térmicas y los biocarburantes superaron los 8.702 millones en importaciones fósiles y 1.017 millones en concepto de derechos de emisión. A nivel eléctrico, recibieron 5.732 millones de retribución específica y abarataron el mercado eléctrico en 4.365 millones.

La Comisión Europea ha publicado su estrategia sobre una oleada de renovación para mejorar la eficiencia energética de los edificios. La Comisión aspira al menos a duplicar las tasas de renovación en los próximos 10 años y a garantizar que las renovaciones den lugar a una mayor eficiencia energética y de los recursos. Así se mejorará la calidad de vida de las personas que viven en los edificios y los utilizan, se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, se fomentará la digitalización y se mejorará la reutilización y el reciclaje de materiales. De aquí a 2030, podrían renovarse 35 millones de edificios y crearse hasta 160 000 puestos de trabajo verdes adicionales en el sector de la construcción.

Los edificios suponen alrededor del 40 % del consumo energético de la UE y del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la energía. Sin embargo, solo el 1 % de los edificios se renueva cada año de manera eficiente desde el punto de vista energético, por lo que es fundamental adoptar medidas eficaces para que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Con casi 34 millones de europeos que no pueden permitirse calentar sus hogares, las políticas públicas de fomento de la renovación eficiente desde el punto de vista energético son también una respuesta a la pobreza energética, contribuyen a la salud y el bienestar de las personas y ayudan a reducir su factura energética. Asimismo, la Comisión ha publicado una Recomendación para los Estados miembros sobre la lucha contra la pobreza energética.

"Level (s) es una herramienta importante para ayudar a arquitectos, constructores y autoridades públicas a desempeñar su papel mejorando los edificios en los que vivimos y trabajamos. Level (s) está diseñado para mejorar la sostenibilidad de los edificios a lo largo de su ciclo de vida, ayudando a los profesionales a ofrecer mejores edificios, al mismo tiempo que acelera la transición de Europa hacia un modelo económico más circular ”. Son palabras del Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginius Sinkevicius, en la puesta de largo de esta iniciativa comunitaria para edificios sostenibles. 

Utilizando los estándares existentes, el marco voluntario Level (s) proporciona un lenguaje común para la construcción de la sostenibilidad. Dentro del marco Level (s), cada indicador está diseñado para vincular el impacto del edificio individual con las prioridades para la sostenibilidad a nivel europeo. Esto enfoca al usuario de Level (s) en un número manejable de conceptos e indicadores esenciales a nivel de edificio que contribuyen a lograr los objetivos de la política ambiental de la UE y los Estados miembros.

El EFCTC -Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos, grupo sectorial que forma parte del CEFIC, la patronal química europea- ha lanzado una campaña que, bajo el lema #SayNoToIllegalHFCs, invita a la industria y a la ciudadanía a comprometerse con la lucha contra el comercio ilegal de gases HFC.

El objetivo del EFCTC es impulsar, mediante este compromiso, la acción conjunta en toda la cadena de valor de los refrigerantes para erradicar el mercado negro de hidrofluorocarbonos (HFC), una amenaza para los objetivos climáticos y el medio ambiente de Europa en las que todas las partes implicadas deben trabajar juntas.

Un mercado negro de HFC creciente está socavando los objetivos climáticos de Europa, a la vez que financia el crimen organizado y amenaza los medios de subsistencia de muchas PYMES de toda la UE. Con el lanzamiento de este compromiso, el EFCTC invita a todos los actores que participan en la cadena de valor de los HFC a unirse a la campaña #SayNoToIllegalHFCs. Desde productores a importadores, pasando por distribuidores y contratistas y hasta los usuarios finales, todos pueden poner de su parte para detectar y denunciar los productos ilegales cuando los compran, reparan o venden.

Un porcentaje de más del 37% del total del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española se destinará al concepto inversión “verde”, mientras que a la digitalización se le ha adjudicado cerca del 33%. Y, tal y como en su momento ya se había apuntado, se estructurará en torno a cuatro transformaciones: la transición ecológica y digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. En este marco de actuación, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó que se ha tomado la decisión de adelantar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, la cantidad de 27.000 millones de euros con el fin de acelerar la ejecución del Plan desde el mismo momento en que éstos se aprueben.

Un Plan que está previsto que guíe la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, desencadenando el desarrollo de lo que el Gobierno ha denominado como la segunda gran modernización de la economía española.Inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas movilizará en tres años el 50% de los recursos con que cuenta España derivados de la iniciativa Next Generation EU. Y para ello focalizará la mirada hacia las prioridades de los fondos europeos de recuperación. El Fondo de Recuperación Europeo dota de dos instrumentos a partir de los cuales poder vehicular los recursos. Por una parte, está el denominado Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias y, por otra parte, el REACT-EU, que posibilita financiación por un importe de 12.400 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El documento responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID". El PNACC "representa nuestro esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que estamos emprendiendo". Sin duda, el PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones".

La revisión de la Directiva sobre eficiencia energética para apoyar los objetivos del Pacto Verde Europeo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que lanzó en agosto la Comisión Europea entra en sus últimas jornadas. Se pueden proporcionar aportaciones hasta el 21 de septiembre de 2020.

Esta acción de la Comisión Europea tiene como objetivo informar a los ciudadanos y a las partes interesadas sobre el trabajo de la Comisión para permitirles proporcionar comentarios sobre la iniciativa prevista y participar de manera efectiva en futuras actividades de consulta.

En el marco de la celebración de la COP25 en Madrid, quinta Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comisión Europea ha presentado el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible.