El aire que respiramos será más vigilado: así puede afectar la modificación de la Ley 34/2007

Haciendo memoria podríamos decir que la Ley 34/2007 se basaba principalmente en:

• Protección de la salud y del medio ambiente: Su objetivo principal es prevenir y reducir la contaminación atmosférica para proteger a las personas y al entorno.
• Control de actividades contaminantes: Regula las actividades que generan emisiones mediante autorizaciones, inspecciones y obligaciones de control.
• Vigilancia de la calidad del aire: Obliga a las administraciones a medir, evaluar y controlar la calidad del aire en todo el territorio.
• Planes de mejora y actuación: Exige la elaboración de planes cuando se superen los límites de contaminación o exista riesgo de hacerlo.
• Información pública y régimen sancionador: Garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer la calidad del aire y establece sanciones para quienes incumplan la normativa.

Controlar la calidad del aire para proteger la salud de las personas mediante la prevención, la vigilancia y la actuación correctiva.

La calidad del aire como exigencia sanitaria

El objetivo principal de esta modificación se basa en adaptar esta legislación española a la nueva Directiva (UE) 2024/2881 sobre calidad del aire ambiente y atmósfera más limpia en Europa. Su principal objetivo es alcanzar una situación de contaminación cero en 2050, estableciendo niveles de calidad del aire que no generen efectos perjudiciales para la salud humana ni para el medio ambiente.

Endurece los límites aplicables a contaminantes como las partículas finas PM_2,5, PM₁₀ y el dióxido de nitrógeno (NO₂), acercando progresivamente la normativa europea a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, introduce obligaciones de reducción de la exposición media de la población a los contaminantes más perjudiciales y presta una atención especial a los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas con patologías respiratorias o cardiovasculares.

Para garantizar una vigilancia y control eficaces de la calidad del aire, la Directiva refuerza las redes de medición existentes, exige la utilización de técnicas de modelización atmosférica, obliga a identificar los puntos con mayor contaminación y establece criterios comunes para la evaluación en todos los Estados miembros. El objetivo es disponer de datos fiables, comparables y representativos que permitan conocer la situación real de la calidad del aire.

La Directiva obliga a mantener la calidad del aire allí donde ya sea satisfactoria y a adoptar medidas para reducir las emisiones procedentes del transporte, la industria, la agricultura, la generación de energía, la calefacción y la refrigeración, actuando preferentemente sobre las fuentes que originan los contaminantes.

Cuando exista incumplimiento o riesgo de incumplimiento de los objetivos de calidad del aire, los Estados miembros deberán elaborar planes de calidad del aire, hojas de ruta y programas de actuación específicos que incluyan medidas concretas para corregir la situación en el menor plazo posible. También deberán establecer planes de acción a corto plazo para responder a episodios de contaminación aguda.

El fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos se pretende conseguir mediante un mayor acceso a la información, a la justicia y a posibles reclamaciones por daños derivados de incumplimientos normativos.

Para el sector de la climatización y la ventilación, esta Directiva supone un cambio de enfoque: la calidad del aire deja de ser únicamente una cuestión ambiental para convertirse en una exigencia sanitaria que previsiblemente impulsará futuras modificaciones del RITE y de la normativa sobre Calidad Ambiental Interior.

Controlar la calidad del aire para proteger la salud

Si enfrentamos estas dos visiones, los puntos enumerados de la Ley 34/2007 y el resumen de la Directiva 2024/2881, llegamos a los mismos cinco puntos fundamentales, entre otros:

• Protección de la salud humana.
• Vigilancia y control de la calidad del aire.
• Prevención de la contaminación.
• Planes de actuación obligatorios.
• Información pública y responsabilidad administrativa.

Al estar ambos Documentos alineados, ya solo queda crear la herramienta que asegure su consecución, esa es la función del Anteproyecto de Ley que se basa en dos pilares fundamentales:

• Reforzar el régimen sancionador.
• Mejorar el acceso a la justicia en materia de calidad del aire.

En el aspecto sancionador se incorporan nuevas infracciones genéricas que permiten sancionar cualquier actuación contraria a la ley o a sus desarrollos reglamentarios cuando provoque daños o riesgos para la salud o el medio ambiente. Además, se diferencian las infracciones en leves, graves y muy graves según la entidad del daño causado en la salud de las personas o el Medio Ambiente.

También se modifican los criterios para graduar las sanciones. A partir de ahora deberán valorarse aspectos como, intencionalidad o reiteración, superación de límites de emisión, riesgos para la población, especialmente colectivos vulnerables, daños ambientales, dificultad de reparación, reincidencia, …

Desde una perspectiva HVAC, esto es especialmente relevante porque abre la puerta a que futuras normas sobre ventilación, calidad ambiental interior o mantenimiento higiénico tengan un respaldo sancionador mucho más sólido. La novedad jurídica de fondo es que la salud pública pasa a convertirse en un criterio central para determinar la gravedad de la infracción, algo que hasta ahora tenía menos peso en la Ley 34/2007.

La otra gran novedad es el acceso a la justicia. Se incorpora un nuevo artículo 38 que facilita la acción judicial y administrativa en asuntos relacionados con la calidad del aire. Este artículo refuerza la posibilidad de impugnar decisiones, actuaciones u omisiones de las administraciones públicas cuando puedan afectar al cumplimiento de la normativa sobre calidad del aire.

Además, se amplía la legitimación para actuar. Hasta ahora el protagonismo recaía principalmente en organizaciones ambientales. Con la modificación, también podrán intervenir entidades sin ánimo de lucro cuyos fines incluyan la protección de la salud humana, reconociendo expresamente la estrecha relación entre contaminación atmosférica y salud pública.

El nuevo enfoque pretende garantizar que los ciudadanos dispongan de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire, reclamar la adopción de medidas correctoras y cuestionar actuaciones administrativas que puedan resultar insuficientes para proteger la salud o el medio ambiente. La protección de la calidad del aire deja de depender exclusivamente de la actuación administrativa y pasa a contar con una mayor capacidad de control y exigencia por parte de la sociedad civil, reforzando la responsabilidad de las administraciones y de los operadores afectados por la normativa.

El anteproyecto como pieza puente

El anteproyecto puede ser una pieza puente entre calidad del aire exterior, salud pública y futura regulación de edificios. Hay varias razones para verlo de este modo, enumero las cuatro que considero más relevantes:

Refuerza la base legal sanitaria de la calidad del aire. Ya no se trata solo de emisiones o contaminación ambiental, sino de impactos sobre la salud humana, población sensible y grupos vulnerables. Esto encaja con la Directiva 2024/2881, que exige sanciones efectivas y acceso a la justicia en calidad del aire.

Puede impulsar desarrollo reglamentario sobre calidad del aire interior. Aunque el anteproyecto modifica la Ley 34/2007 y no el RITE directamente, abre la puerta a normas más exigentes sobre vigilancia, prevención y responsabilidad cuando la mala calidad del aire pueda afectar a la salud.

Conecta con la EPBD porque la Directiva 2024/1275 ya incluye expresamente la “calidad ambiental interior” como parte del rendimiento de los edificios y exige requisitos para mantener un clima interior saludable.

El futuro RITE. Lo razonable es que las exigencias acaben apareciendo en ventilación, filtración, monitorización de CO₂ y material particulado, mantenimiento higiénico, inspecciones, automatización y control de instalaciones térmicas.

La conexión normativa sería esta: la Ley 34/2007 aporta el marco ambiental y sancionador; la Directiva 2024/2881 endurece la calidad del aire exterior y la protección sanitaria; la EPBD obliga a edificios descarbonizados, eficientes y saludables; y el RITE deberá traducir todo eso en requisitos técnicos de diseño, mantenimiento, control y verificación.

¿Dónde puede verse modificado el RITE?

Esta claro que la Ley 34/2007 y sus modificaciones harán modificaciones en el RITE a “nivel sanitario” y que la EPBD actuará en el “plano energético”. Esta mezcla es muy potente y coincide con lecturas anteriores como la UNE EN 16798 donde los criterios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) se incluyen en el texto de la UNE.

Hoy nos toca el plano sanitario, por lo que la influencia en el próximo RITE puede rotar en torno a:

• Calidad Ambiental Interior: Es el punto con mayor probabilidad de modificación. La Ley 34/2007 y la Directiva 2024/2881 sitúan la protección de la salud como objetivo prioritario. Eso podría traducirse en:
• Nuevos indicadores de calidad del aire.
• Mayor protagonismo de PM_2,5 y PM₁₀.
• Control de contaminantes químicos.
• Requisitos específicos para edificios sanitarios, educativos y residenciales colectivos.

Actualmente el RITE está muy centrado en ventilar mediante parámetros de CO₂. El futuro podría orientarse hacia contaminantes reales (COVs y otros), puede que apoyándose en la UNE EN 16798-1, y sus efectos sanitarios.

• Ventilación: La normativa europea está evolucionando desde "caudal mínimo" hacia "resultado sanitario". Podrían aparecer:
• Caudales más exigentes en determinados usos.
• Mayor control de ocupación real.
• Verificación periódica de la ventilación efectiva.
• Medición obligatoria de parámetros ambientales.

• Filtración: Es uno de los candidatos más claros. La nueva orientación sanitaria puede justificar:
• Nuevos requisitos frente a partículas finas.
• Clasificaciones de filtración vinculadas a PM_2,5.
• Requisitos específicos en zonas urbanas contaminadas.

Y mis dos preferidos y que van a ser los quebraderos de cabeza en el futuro:

• Mantenimiento higiénico: La modificación de la Ley 34/2007 refuerza la responsabilidad por daños a la salud. Eso podría traducirse en:
• Protocolos más rigurosos de limpieza.
• Mayor trazabilidad documental.
• Controles periódicos obligatorios.
• Inspecciones específicas de ventilación.
• Inspección y control: Si la calidad del aire adquiere relevancia sanitaria, será necesario verificar el cumplimiento. Podrían incorporarse:
• Mediciones periódicas de CAI.
• Auditorías de ventilación.
• Informes documentales obligatorios.

La reforma de la Ley 34/2007 supone, por tanto, algo más que una actualización normativa: marca un cambio de enfoque en el que la calidad del aire pasa a entenderse cada vez más como una cuestión de salud pública. Aunque el anteproyecto se centra en el régimen sancionador y el acceso a la justicia, su conexión con la Directiva europea de calidad del aire y con la futura evolución de la normativa de edificios anticipa un escenario más exigente para la ventilación, la filtración, el mantenimiento higiénico y el control de la calidad ambiental interior. Para el sector HVAC, el mensaje es claro: el aire que respiramos en los edificios va a estar cada vez más regulado, medido y vinculado a responsabilidades concretas.