Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa y Emilio López Carmona, consejero delegado de una empresa nacional de bioenergía esperan que las medidas propuestas en el reciente Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables aprobado el 23 de junio, reconozcan el valor que aportan las plantas de biomasa al sistema eléctrico. Díaz, considera el Real Decreto “un importante paso en la dirección correcta hacia una economía más sostenible”, aunque, puntualiza, “su eficacia para alcanzar los objetivos que plantea dependerá del desarrollo normativo posterior”.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha emitido un comunicado en el que aplaude la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito energético que da las señales regulatorias adecuadas para impulsar el desarrollo del sector fotovoltaico y para que éste sea contribuya a la recuperación económica a través de la generación de riqueza y empleo local y cualificado.

“Esta norma da respuesta a unas peticiones que hemos venido haciendo en los últimos años y estamos convencidos de que, bajo este nuevo marco regulatorio, el sector fotovoltaico podrá reactivarse de forma rápida, generando empleo de calidad y fortaleciendo la cadena de valor industrial, elementos fundamentales en la fase post-COVID-19” ha señalado Arancha Martínez, Presidenta de UNEF.

La refrigeración es vida y no éramos conscientes de ello. Ésta es una de las grandes enseñanzas que nos deja la pandemia provocada por el Covid-19 y que sirve para destacar el enorme valor socio-económico de este sector, que impacta en más del 50% del PIB en España a través de sectores tractores de la economía como son el horeca, el alimentario, las telecomunicaciones, la sanidad, etc. que necesitan de la refrigeración y de la climatización para funcionar.

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas. Con ello, el Gobierno agiliza la tramitación de sendas normas, que contribuyen a dotar de certidumbre y seguridad jurídica al marco normativo energético, preparándolo para el despliegue ordenado de energías renovables que vivirá el sistema energético español en los próximos años.