Los gases refrigerantes A2L son gases refrigerantes ligeramente inflamables cuyo potencial de calentamiento atmosférico es menor que los gases refrigerantes tradicionales, pero que a la vez tienen la capacidad de mantener el buen rendimiento de estos. Por este motivo, el mercado está sustituyendo los gases tradicionales por los A2L, en otro paso más del sector de la climatización por descarbonizarse y avanzar en la dirección que marca la transición energética.

Los refrigerantes están remitidos al Reglamento Europeo 517/2014 sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (F-Gas), cuyo objetivo es ir eliminando del mercado los gases con un elevado Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) que contribuyen a incrementar al efecto invernadero.

Para hablar de este tema se utilizarán como referencias una ponencia de AFEC en AMYCIF Euskadi y la Guía de los refrigerantes A2L elaborada conjuntamente por AFEC, CONAIF y CNI.

CNI ha denunciado en numerosas ocasiones el grave perjuicio que el tráfico ilegal de refrigerantes está causando a muchas empresas instaladoras, en el medio ambiente y en la economía en general. El mercado negro de refrigerantes se extiende cada vez más rápido, generando enormes beneficios a las redes de traficantes. En enero de 2021 habrá una nueva reducción de cuota de gases refrigerantes en Europa que provocará simultáneamente una reducción del mercado legal y un incremento exponencial del tráfico ilegal que cubrirá la demanda existente.

Las Asociaciones Provinciales de CNI han colaborado con el SEPRONA a menudo para denunciar casos de tráfico ilegal en sus provincias. Desde febrero de este año CNI se ha involucrado en esta labor a nivel nacional mediante una estrecha colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA, a quien ha proporcionado abundante información que tras ser investigada ha producido resultados muy positivos. 

CONAIF pone en conocimiento de los instaladores RITE y de frío con certificado de manipulador de gases fluorados anterior a 2017, que disponen ya de poco más de tres meses de plazo, hasta el 19 de febrero de 2021, para realizar la formación complementaria en gases alternativos a la que el Real Decreto 115/2017 sobre gases fluorados obliga en su disposición adicional décima:

“Los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos con cualquier carga […] así como los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 kg de gases fluorados[…], deberán en un plazo de cuatro años (es decir, hasta el 19-2-2021 porque se publicó en 2017) realizar formación complementaria sobre tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos”.

La aprobación del Reglamento Europeo 842/2006 de Gases Fluorados, dio inicio a una carrera desenfrenada por la eliminación progresiva de los gases más contaminantes y su sustitución por otros alternativos. En 2012, la UE animó a los estados miembro a implantar tasas que gravaran el uso de estos gases, y así, el Ministerio español de Transición Ecológica y Medio Ambiente diseñó un impuesto que comenzó a aplicarse en 2014, con la oposición del sector de refrigeración. España es el único país de Europa junto a Dinamarca y Noruega (con condiciones climáticas muy diferentes a las nuestras) que aplica este impuesto.

Según el Real Decreto 115/2017, los gases fluorados de efecto invernadero van a descender en un 80% en los próximos años. Esto se debe a que estos gases son notablemente perjudiciales para el medio ambiente, agravando problemas como el agujero de la capa de ozono o el calentamiento global. En lugar de los gases fluorados, el mercado está encontrando gases alternativos que los sustituyan.

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, ha recibido con satisfacción el recorte del tipo impositivo del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI) publicado en la Ley 6/2018 del 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Esta decisión da respuesta a una insistente reivindicación tanto de la industria del frío, representada por AEFYT, como de asociaciones usuarias de frío de la distribución e industria de la alimentación.

El refrigerante R152a también conocido como difluoroetano, es un refrigerante ecológico de media temperatura sustitutivo del R134a, respetuoso con la capa de ozoa y con un bajo PCA (potencial de calentamiento atmosférico) de 124. 

El año 2018 comenzó marcado por la crisis de la escasez de gases refrigerantes que está provocando un grave desajuste entre la oferta y la demanda. Esta situación afecta a importantes sectores productivos de la economía española, grandes usuarios de frío que se enfrentan a subidas de precios muy relevantes –con el consiguiente incremento de los costes operacionales- y a un posible desabastecimiento.

El 18 de febrero de 2017 se publicó el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los manipulan y por el se establecen requisitos técnicos para instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

Desde hace años tanto las autoridades comunitarias como españolas luchan por controlar las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero que, en gran parte, proceden del propio hogar por la acción de los equipos de aire acondicionado, refrigeración y extintores de incendios.

Presentado como un impuesto medioambiental, a seis meses de su aplicación con el tipo impositivo completo (después de tres años de cargo con tipo impositivo reducido) podemos afirmar que el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero no ha cumplido este supuesto objetivo. Los datos que manejamos desde AEFYT indican que la pérdida de ventas de gases HFC ha sido del 50%... al tiempo que el incremento del mercado negro suma entre 3.000 y 4.000 toneladas.

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías y representante de la industria del frío en España, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Ministerio de Hacienda y la Función Pública. La causa es el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que supone una infracción de la legislación de la Unión Europea, según el texto jurídico presentado.