Como ocurre en el resto de actividades económicas, las empresas del sector de la bioenergía sienten incertidumbre sobre su futuro inmediato y a medio plazo en el marco de la pandemia.

Las limitaciones que impone la cautela por el tema sanitario y la caída del precio del crudo también ha contribuido a que se haya ralentizado el ritmo de instalación de equipos de combustión con biomasa y a que muchos proyectos permanezcan en espera, tanto en el ámbito residencial, como industrial y servicios.

Las energías renovables son un punto estratégico dentro de los planes del gobierno español con aspectos que aún debe agilizar y homogenizar en todo el territorio para que sean más efectivos. Un ejemplo. Solo el 41% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece bonificaciones del IBI a las instalaciones de autoconsumo, según informa el estudio que han presentado la Fundación Renovables y la compañía noruega Otovo. En el mismo se evaluaban y analizaban la situación de los diferentes incentivos fiscales y económicos que los ayuntamientos españoles contienen en sus normativas municipales, con el fin de favorecer y apoyar la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico.