Las expectativas de crecimiento se han reducido de forma notable, pero la actividad continua y se espera que las administraciones públicas tomen medidas de apoyo que permitan a las empresas retomar la senda abierta estos años. De hecho, en los últimos meses se han producido algunos anuncios desde organismos públicos que, aunque tienen sus raíces en la época pre-covid, ahora se ven con mayor interés.

Por ejemplo, el acuerdo para activar medidas contra el cambio climático de la Junta de Castilla y León, que incluye de forma explícita a la biomasa como fuente de energía de referencia para calentar 1.200 edificios públicos, o el plan de la Diputación de Jaén para calefactar los colegios de la provincia con biomasa.

También se están reanudando campañas de subvenciones a la biomasa en prácticamente todas las comunidades autónomas, de las que se benefician las empresas relacionadas con la bioenergía: desde la generación del biocombustible a la instalación de equipos. 

Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía o Extremadura, por citar algunas comunidades que han vuelto a abrir convocatorias recientemente. Por otra parte, el precio del petróleo podría superar los cien euros por barril relativamente pronto y esto también supondría otro acicate para activar el ritmo de instalaciones de biomasa. En cuanto a la fabricación de biocombustibles, no ha sido el covid el factor de mayor afectación. La campaña ha sido floja por las temperaturas suaves del invierno pasado y bastantes productores, con la idea de no quedarse cortos de pellet, han generado un considerable volumen que no ha llegado a venderse en esta temporada y ahora permanece en stock. 

En nuestra opinión, las administraciones deberían centrarse en dirigir los fondos de recuperación a proyectos verdes y ayudar no solo a recuperar la economía sino también a cambiar el modelo energético hacia uno más verde.

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