El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) constituye una medida, creada por el Gobierno central y gestionada por las administraciones regionales, para incentivar las actuaciones de eficiencia energética y promover el cambio hacia tecnologías más eficientes. En un mercado tan competitivo, ofrecer a los usuarios la posibilidad de acceder a estos incentivos ayudará a los profesionales a diferenciarse y vender soluciones de climatización aún más eficientes.

En este contexto, tal y como publica la web oficial del Ejecutivo de la Región de Murcia, los gobiernos autonómicos de Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Madrid, Baleares, Aragón y La Rioja han suscrito la misiva a la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética.

“El sistema CAE es una herramienta innovadora y eficaz para canalizar inversiones hacia la eficiencia energética, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los planes autonómicos y la Directiva de Eficiencia Energética”, recoge el texto firmado por las citadas autonomías, administraciones que son las que tienen las competencias de gestión de este mecanismo.

El caso de Murcia

Precisamente los costes -sobre todo en materia de personal- inducidos por esta gestión son los que centran parte de la reclamación autonómica al Ministerio. “La gestión ha supuesto una carga técnica y administrativa creciente derivada de la verificación documental, emisión de certificados, control de trazabilidad y coordinación con el Ministerio”, ha explicado, en relación a este asunto, el director general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Federico Miralles, que firma la carta junto a sus homólogos de otras autonomías.

“A diferencia de otros programas de incentivos para actuaciones de eficiencia energética, en los CAE no se ha previsto financiación específica para los gastos indirectos de personal, asistencia técnica o sistemas de información, por lo que solicitamos presupuesto de apoyo económico específico a las autonomías, financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética”, señaló Miralles.

En la Región de Murcia se ha certificado un ahorro total de energía de 89.853.949 kilovatios/hora desde la puesta en marcha del sistema en 2023, una cifra que incluye el crecimiento del 94 por ciento registrado en el segundo trimestre de este año. Representa el ahorro de la energía necesaria para abastecer durante todo un año unas 26.000 viviendas, el equivalente al cuarto municipio más poblado de la región, Molina de Segura.

La inversión acumulada por las empresas en el sistema CAE desde su puesta en marcha en la Región de Murcia suma ya 13.158.372 euros, de los que 9,9 millones se han solventado este mismo 2025, según la última actualización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. El número total de actuaciones ejecutadas llega a las 112, con predominancia del sistema en el sector industrial, que acumula 49, frente a las 12 del sector servicios o las cuatro agrícolas y tres residenciales.

Miralles destacó el crecimiento experimentado en el sector del transporte, que ha multiplicado prácticamente por nueve el número de actuaciones, pasando de las cinco de finales de mayo a las 44 actualmente ejecutadas, de las que 43 se tramitaron este mismo año.

Ampliación de plazos para la emisión de informes

Además, las comunidades autónomas también han pedido que se amplíen los plazos para la emisión de informes autonómicos, actualmente de 15 días para actuaciones estandarizadas y de 30 para las singulares. “Nosotros, como gestores autonómicos, debemos revisar y validar los expedientes y emitir en su caso los CAE correspondientes a la cantidad de ahorro de energía con una verificación favorable”, apuntó el director general.

“Estos plazos resultan claramente insuficientes, en especial en periodos de alta carga administrativa, vacaciones, bajas de personal o concursos de traslados, y más aún en actuaciones de mayor complejidad técnica de tipo singular”, añadió Miralles, por lo que se ha propuesto ampliarlo a 30 días hábiles para las actuaciones estandarizadas y a 45 para las singulares.