El voto de los estados miembros, a propuesta de la Comisión Europea, alude a las exigencias a las entidades de informar de su actividad con el medio ambiente, entre otras cuestiones. Y será la posición que defenderá el Consejo en sus negociaciones con la Eurocámara, que en abril respaldó el texto del Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen por 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones.

La iniciativa, que forma parte del conocido como paquete Ómnibus I, afecta a la directiva sobre informes de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y la directiva sobre diligencia debida (CSDDD). Se plantea así posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad. Un retraso que daría a los Veintisiete un año más -hasta julio de 2027- para transponer las directivas a cada legislación nacional. 

La prórroga ambiental además se aplicaría a la primera ola de empresas afectadas -aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones-, y las empresas de fuera de la UE con una facturación superior a este umbral, que sólo tendrían que aplicar las normas a partir de 2028, de salir adelante la propuesta.

Reducción de cargas burocráticas

Además, las grandes empresas con más de 250 empleados estarían obligadas a informar sobre sus medidas sociales y ambientales por primera vez en 2028 -correspondientes al ejercicio anterior- mientras que las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa tendrían que proporcionar esta información un año después. 

Y se propone retrasar dos años la obligación de realizar informes de sostenibilidad para la segunda y tercera ronda de empresas cubiertas por la legislación.

En opinión de Andimac, se trata de una decisión muy acertada porque apostar por la sostenibilidad debe atender a la realidad del tejido empresarial, costes derivados  y facilitar la adopción incentivando temporalmente buenas prácticas. Reducir las cargas regulatorias y el “palo” por regulaciones simplificadas y accesibles que ponderen la adaptación a través de incentivos limitados en el tiempo. Porque favorecer entre las pyme su participación y adaptación a criterios de sostenibilidad es fomentar su competitividad, mientras que forzar y hacerlo complejo y costoso redunda de forma negativa. Apostar de forma clara por adaptarse y tener buenas prácticas en esta materia refuerza la imagen positiva de las empresas, algo crítico en el sector de la construcción en general y la distribución profesional en particular.

El Sello Sostenible de Andimac

En este sentido, Andimac recuerda que centenares de puntos de venta de la distribución profesional en España ya tienen el Sello de Compromiso con la Sostenibilidad y la Economía Circular, un hito sostenible que se concede a aquellas empresas del sector que se comprometen a colaborar en el cumplimiento de unos objetivos.

Para Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, “la decisión de los Veintisiete debe ser un incentivo para hacer bien las cosas a nivel privado, ya que vincular totalmente la sostenibilidad con la fuerza regulatoria o  los costes erosiona la identificación de capas crecientes de la sociedad con este compromiso y rebaja la competitividad del sector privado”.