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Los fabricantes alertan del impacto del nuevo gravamen europeo sobre residuos electrónicos: 1.800 millones anuales en España

Los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y las entidades encargadas de gestionar sus residuos han manifestado su rechazo al nuevo gravamen europeo sobre residuos electrónicos, incluido en la propuesta de recursos propios de la Unión Europea para el periodo presupuestario 2028-2034.

La medida contempla una contribución de 2 euros por kilogramo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no recogidos, que deberían abonar los Estados miembros al presupuesto comunitario.

reciclado gravamen europeo

Según las estimaciones recogidas en el comunicado conjunto de las organizaciones empresariales y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), la propuesta podría representar más de 1.800 millones de euros anuales para España y superar los 17.000 millones en el conjunto de la Unión Europea.

Las entidades firmantes advierten de que, si España decide trasladar esta contribución a los fabricantes mediante nuevos impuestos, el sector afrontaría un incremento de sus costes de producción, mayores cargas administrativas y posibles dificultades para mantener su competitividad industrial.

Entre las asociaciones que respaldan esta posición figuran AFEC, AFME, FEGECA, APPLiA España, AMETIC, ANFALUM y CEPCO, que representan a fabricantes de equipos de climatización, material eléctrico, calefacción, electrodomésticos y otros productos industriales.

Un gravamen de 2 euros por kilo que no garantiza más reciclaje

La propuesta forma parte del paquete de nuevos recursos propios presentado por la Comisión Europea para financiar el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

El mecanismo se calcularía a partir de los residuos electrónicos no recogidos en cada Estado miembro, aplicando una tarifa de 2 euros por kilogramo. La Comisión Europea considera que este sistema puede proporcionar ingresos al presupuesto comunitario e incentivar una mayor recogida separada de residuos.

Sin embargo, las organizaciones empresariales cuestionan que exista una relación directa entre la recaudación y la mejora efectiva del reciclaje.

Los firmantes sostienen que los ingresos obtenidos no estarían necesariamente destinados a financiar nuevas infraestructuras de recogida, tratamiento o recuperación de materiales, por lo que el gravamen podría convertirse en una carga presupuestaria sin beneficios medioambientales garantizados.

También advierten de que la contribución podría incrementarse mediante los mecanismos de actualización anual contemplados en la propuesta.

Riesgo para la competitividad de los fabricantes españoles

Uno de los principales argumentos de las asociaciones es el impacto económico que podría tener el gravamen si el Gobierno español opta por repercutirlo directamente a las empresas.

El comunicado recuerda el precedente del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y expresa su preocupación por la posibilidad de que se aplique un modelo similar a los residuos electrónicos.

En ese supuesto, los fabricantes de equipos eléctricos, electrónicos, climatización y calefacción podrían afrontar costes adicionales que afectarían a sus márgenes industriales y a su capacidad de inversión.

Las entidades firmantes consideran que esta situación podría generar diferencias competitivas entre países, dependiendo de si cada Estado financia la contribución con sus presupuestos generales o establece mecanismos para trasladarla al tejido empresarial.

La propuesta europea no establece por sí misma un impuesto directo sobre los fabricantes. El posible impacto fiscal empresarial dependería de las decisiones que adopten los Estados miembros.

La durabilidad de los equipos podría penalizar el cálculo de residuos no recogidos

Las asociaciones también identifican una posible contradicción entre el nuevo gravamen y las políticas europeas de ecodiseño y economía circular.

Los fabricantes están incorporando medidas para prolongar la vida útil de sus productos, facilitar su reparación y permitir el reacondicionamiento o la sustitución de componentes.

Sin embargo, las organizaciones advierten de que la metodología utilizada para estimar los residuos no recogidos podría contabilizar indirectamente equipos que continúan funcionando.

Esto se debe a que el sistema de referencia relaciona la cantidad de aparatos comercializados con los residuos recogidos posteriormente. Según los firmantes, un producto que permanece más años en funcionamiento podría contribuir a aumentar la diferencia estadística entre ambas magnitudes, aunque todavía no se haya convertido en residuo.

Desde su punto de vista, esta circunstancia debería revisarse para evitar que las políticas destinadas a ampliar la vida útil de los equipos entren en conflicto con los mecanismos presupuestarios.

Dudas sobre la fiabilidad de los datos de recogida de RAEE

Otro de los puntos cuestionados es la calidad de las estadísticas utilizadas para calcular las contribuciones nacionales.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de los riesgos asociados a la fiabilidad de los datos sobre residuos electrónicos, entre ellos la información incompleta, las diferencias de cobertura y la ausencia de una obligación general de verificación nacional antes de su presentación.

Estas observaciones aparecen en sus análisis sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y el futuro marco presupuestario.

Las asociaciones consideran que establecer contribuciones económicas de esta magnitud requiere disponer de datos nacionales comparables, verificables y suficientemente precisos.

También reclaman una metodología que refleje adecuadamente la vida útil de los aparatos y los flujos reales de residuos.

Los fabricantes piden revisar la Directiva RAEE antes de introducir nuevos gravámenes

Frente a la propuesta presupuestaria, las organizaciones defienden que la prioridad debería ser mejorar el funcionamiento de los sistemas de recogida y reciclaje existentes.

En particular, señalan la próxima revisión de la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como una oportunidad para corregir deficiencias estructurales.

Entre los aspectos que consideran prioritarios figuran mejorar la trazabilidad de los residuos, reforzar los controles sobre los operadores que incumplen sus obligaciones y abordar los problemas relacionados con determinados vendedores a través de plataformas de comercio electrónico.

Los firmantes recuerdan que los fabricantes ya financian la gestión de residuos mediante los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Además, defienden que una recogida eficaz requiere la participación de todos los agentes implicados, desde las administraciones locales y los distribuidores hasta los gestores de residuos, recicladores y consumidores.

En el ámbito de la climatización, estas responsabilidades tienen especial relevancia por la gestión de los aparatos retirados de las instalaciones.  Los acuerdos entre distribuidores y sistemas de reciclaje facilitan la recogida y el tratamiento de los equipos al final de su vida útil.

Por otra parte, el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos establece obligaciones que afectan a los distintos agentes de la cadena de gestión de los RAEE.

Las asociaciones solicitan al Gobierno español que rechace la propuesta

Las organizaciones firmantes aseguran que han trasladado durante los últimos meses su posición a los ministerios españoles implicados en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

Su petición es que España rechace la aprobación del nuevo gravamen sobre los residuos electrónicos y defienda un modelo que concentre los esfuerzos en mejorar la recogida, el tratamiento y la recuperación de materiales.

Consideran que la introducción de nuevas cargas económicas podría perjudicar a fabricantes que ya realizan inversiones para cumplir sus obligaciones ambientales sin resolver necesariamente los problemas que dificultan el reciclaje.

La propuesta continúa vinculada a la negociación del presupuesto europeo 2028-2034, por lo que tanto su configuración definitiva como las consecuencias económicas para los distintos Estados miembros están pendientes de las decisiones que se adopten.

Organizaciones que firman el comunicado

El posicionamiento conjunto cuenta con el respaldo de siete asociaciones empresariales de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos:

  • APPLiA España: Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos.
  • AFEC: Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización.
  • AFME: Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico.
  • AMETIC: Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales.
  • ANFALUM: Asociación Española de Fabricantes de Iluminación.
  • CEPCO: Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción.
  • FEGECA: Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor.

También participan los siguientes sistemas y entidades de responsabilidad ampliada del productor: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, ERP (European Recycling Platform), EcoRAEEs, Recyclia, REINICIA y Sunreuse.

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