La federación europea de instaladores de refrigeración, acondicionamiento de aire y bombas de calor (RACHP), suscribe plenamente los objetivos de descarbonización y neutralidad climática de la UE, así como la ambiciosa transición hacia alternativas a los gases fluorados, tal como se describe en el Reglamento sobre los mismos. Los instaladores de RACHP son el vínculo esencial entre los usuarios finales y los fabricantes. Diseñan, instalan y mantienen equipos de RACHP utilizando todas las soluciones disponibles con total neutralidad respecto a los equipos y refrigerantes, con el único objetivo de garantizar el máximo nivel de fiabilidad, eficiencia energética y rentabilidad.

Sin embargo, el sector europeo de contratación de RACHP se enfrenta cada vez más al desafío del comercio ilegal de refrigerantes y los trabajos no autorizados, que amenazan la transición hacia soluciones de RACHP respetuosas con el medio ambiente.

Comercio ilegal de refrigerantes

El comercio ilegal de refrigerantes, en particular de hidrofluorocarbonos (HFC), se ha convertido en un problema importante en toda Europa, socavando la política climática, la seguridad pública y la integridad económica. En el contexto de la reducción gradual acelerada exigida por el Reglamento sobre gases fluorados, el mercado negro sigue prosperando. De hecho, la menor disponibilidad de gases fluorados debido a las cuotas de la UE, así como el aumento de su coste y las disparidades (hasta ocho veces superiores dentro de la UE que fuera de ella), hacen que el comercio ilegal sea muy rentable. En algunos países, como España, los impuestos adicionales sobre los gases fluorados hacen que los refrigerantes legales sean prohibitivamente caros.

En 2024, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) informó de que una sola operación conjunta con las autoridades de 16 Estados miembros, junto con Turquía y Ucrania, dio lugar a la interceptación de miles de bombonas de gas por un valor de 4,5 millones de euros, que contenían el equivalente a más de 400 000 toneladas de CO2 [1]. El comercio ilegal de refrigerantes presenta graves desafíos no solo para los instaladores de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, sino también para la sociedad en su conjunto.

El impacto ambiental es grave. El comercio ilegal socava el mecanismo de eliminación gradual exigido por el Reglamento sobre gases fluorados, al mantener una alta disponibilidad de gases fluorados de alto PCA en la UE a bajo coste.

Desde el punto de vista económico, el mercado negro perjudica a las empresas legítimas al inundar el mercado con productos más baratos y posiblemente no conformes. Esto genera competencia desleal, perjudica a las empresas que cumplen con las normativas ambientales y de seguridad y genera importantes pérdidas de ingresos fiscales. Las averias de los equipos debido a refrigerantes de baja calidad pueden provocar una reducción de la eficiencia, costosas reparaciones o sustituciones, lo que en última instancia afecta a los consumidores.

El comercio ilegal de refrigerantes también conlleva riesgos de seguridad. Los refrigerantes falsificados o de contrabando pueden estar mal etiquetados o contaminados, lo que supone riesgos de fallos en los equipos, incendios o explosiones. Además, los refrigerantes impuros pueden ser tóxicos y poner en peligro a los técnicos y a los ocupantes de los edificios.

A pesar del aumento del comercio ilegal, la aplicación de la normativa sigue siendo un reto en Europa. Se necesitan urgentemente medidas coordinadas entre los Estados miembros de la UE, sanciones más estrictas y una mejor supervisión para combatir este creciente delito ecológico.

En este contexto, AREA recomienda encarecidamente:

• Establecer bases de datos nacionales que registren todas las compras y ventas de refrigerantes, así
  como la carga de los sistemas.
• Reforzar las inspecciones y los controles policiales en las fronteras mediante la asignación de los
  recursos necesarios.
• Aplicar adecuadamente las disposiciones del Reglamento sobre gases fluorados relacionadas con
  las actividades ilegales bajo la supervisión de la Comisión Europea.
• Realizar campañas públicas para concienciar sobre el impacto ambiental y económico de los
  refrigerantes ilegales, lo que contribuiría a generar apoyo para la aplicación y el cumplimiento
  normativo.
• Reconocer e involucrar a las asociaciones del sector como intermediarios clave entre las
  autoridades, las empresas y los técnicos en las iniciativas para prevenir y combatir el comercio ilegal
  de refrigerantes.

Trabajo ilegal

El problema del trabajo no certificado está estrechamente vinculado al comercio ilegal de refrigerantes y es un problema que los Estados miembros deben abordar urgentemente. Muchos técnicos que compran refrigerantes ilegales también operan sin certificación. En consecuencia, algunas instalaciones son realizadas o mantenidas por técnicos sin un certificado personal válido o por empresas que carecen de la acreditación o certificación adecuadas.

En la mayoría de los Estados miembros, los servicios de inspección cuentan con recursos internos limitados, lo que implica que las inspecciones y el seguimiento no siempre son exhaustivos. Este problema está afectando gravemente al sector europeo de contratación de sistemas de refrigeración, calefacción y acondicionamiento de aire (RACHP).

La competencia desleal es un grave problema, ya que los instaladores no certificados pueden ofrecer precios mucho más bajos, rebajando los costes entre un 20 % y un 50 %, lo que dificulta enormemente la competencia de los profesionales cualificados, especialmente con propietarios particulares o pequeños arrendadores que priorizan el precio.

Desde un punto de vista medioambiental, también ralentiza la transición a tecnologías de construcción resilientes al clima y bajas en carbono, ya que el trabajo no cualificado conlleva una ejecución deficiente, sistemas ineficientes e incumplimiento de las normativas europeas y nacionales, además de los riesgos para la seguridad. Sin la experiencia necesaria para optimizar estos sistemas, existe un riesgo significativo de que las soluciones resultantes sean energéticamente ineficientes.

Finalmente, conlleva una pérdida de reputación, ya que daña la confianza del consumidor, no solo en los instaladores asociados con el uso ilegal de refrigerantes, sino en el sector en su conjunto.

Para abordar este acuciante problema, AREA recomienda encarecidamente:

• Establecer un registro nacional obligatorio de instaladores y personas físicas certificados, disponible públicamente en línea, para garantizar la transparencia a nivel nacional.
• Establecer sanciones más severas para disuadir el trabajo ilegal.
• Reforzar las labores de inspección mediante el aumento de los recursos internos para los servicios pertinentes.
• Realizar campañas de concienciación pública sobre los riesgos de contratar a instaladores no certificados.
• Implementar incentivos fiscales para fomentar la contratación legal.

AREA insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas para abordar estos problemas críticos que enfrenta el sector europeo de contratación de refrigeración, acondicionamiento de aire y bombas de calor. Ante la creciente demanda de profesionales cualificados para implementar tecnologías de refrigeración, acondicionamiento de aire y bombas de calor bajas en carbono, el éxito de la transición energética no debe verse comprometido por actividades ilegales.

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